La Justicia encontró culpables de los delitos de peculado, falsedad ideología, y supresión de documento público, al ex ministro de economía, Horacio Sosa; al ex Tesorero y Contador General, Alfredo Iglesias; al ex director contable de Economía, Horacio Medone; y a la empleada María Lorenza Moreno y la agente contratada Ana María D`anna.
De los beneficiados de esas letras, el tribunal compuesto por los Dres Jorge Magraner, Alejandro Pagano Zavalía y García Arpón, solo consideró la absolución de los imputados Juan Galego, y José Mallemaci, sobre quienes no se pudo obtener pruebas convincentes de su autoría en el hecho.
Por los demás, las confesiones de Sosa y el arrepentimiento manifiesto por parte del comerciante Arrébola, terminaron por dar consistencia a una causa de frondosa probidad, que derivó en penas de prisión para los imputados que, en su calidad de funcionarios y agentes públicos, fueron considerados "autores" del delito por tener la responsabilidad por la guarda y el manejo de los fondos públicos empleados. Arrébola como privado no podía disponer por si mismo de esos fondos, por ello fue considerado "partícipe necesario", y en base a su arrepentimiento se hizo acreedor de una pena de prisión en suspenso que no afectará su libertad.
Finalmente el fallo también comprendió la decisión del tribunal de enviar copias de lo actuado al fiscal Guillermo Massimi para considerar evaluar la actuación del abogado Julio Miraballes en torno a esta causa. Los fundamentos serán dados a conocer el próximo 6 de septiembre a las 20 horas.
Acción civil para devolver el dinero
El tribunal asimismo dentro del extenso fallo hizo lugar a la acción civil promovida por el Tribunal de Cuentas contra los imputados Iglesias, Medone, Moreno, D´Anna, Sosa y Arrébola, “a pagar solidariamente la suma de 341.919, 21 más los intereses legales calculados en base a la tasa promedio del BTF del 14 de diciembre del 2007, al momento de efectivo pago, con imposición de costas a cargo de los vencidos”, dando cuenta de devolver al Estado las letras que fueran pagadas, en perjuicio fiscal del Estado.
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