Hace seis meses, el vicepresidente de Casino Club, Ricardo Benedicto formalizó un ofrecimiento al I.S.S. para construir un hotel de cuatro estrellas y 81 habitaciones y un centro de convenciones, con una inversión de 54 millones de pesos, a cambio de cerrar la sala céntrica donde funcionan las tragamonedas y extender por 15 años la concesión que vence enero de 2015. En ese momento Tavella también puso en la agenda de conversaciones la eventual modificación del esquema de canon que el Estado pampeano le cobra a la concesionaria.

Hoy el canon es por un monto fijo anual de alrededor de cuatro millones de pesos, aunque el titular del Instituto ya habló públicamente de cambiarlo ("puede ser fijo, porcentual, mixto, uno para las mesas de paño, otra para las cartas, otro para las máquinas...") y hasta adelantó que en algún momento las tragamonedas serán controlados en forma 'on line'.

"La causa ahora ya tiene juez y el Instituto envió toda la documentación original que le fue requerida. Ahora esperaremos a ver qué rumbo toma la investigación antes de avanzar en las conversaciones con Casino Club", indicó Tavella.

Recientemente, después de una serie de excusaciones de tres jueces (Carlos Besi, Laura Armagno y Florencia Maza), finalmente ésta última aceptó investigar la denuncia penal contra el I.S.S. por la concesión del casino y las tragamonedas. La denuncia del fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola, se originó en un pedido del diputado radical Martín Berhongaray y expresa que hubo irregularidades en el otorgamiento de la concesión porque se modificaron las condiciones del contrato original. El funcionario calificó de ilegal la resolución del directorio por la que se le permitió a Casino Club abrir la sala céntrica y sugirió que pudieron cometerse los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

El contrato cuestionado fue firmado el 7 de diciembre de 1994 y, de acuerdo a Carola, se modificó en 1999 cuando el ex presidente Miguel Erquicia y el general general de la Dirección de Ayuda Financiera para la Acción Social, Mario Azcárate, pasaron el canon de móvil a fijo (el pliego hablaba del 13,33 por ciento mensual o un monto mínimo de 120.000 pesos), y eliminando controles y fiscalizaciones. En ese acto la concesionaria acordó, además del canon mensual sobre la venta de fichas, una inversión de 6.120.000 dólares en seis años, entre otros requisitos.

El expediente radicado en el Juzgado de Instrucción no ha mostrado novedades hasta ahora, porque una vez que se declaró competente, lo primero que dispuso Maza fue pedirle esa documentación al Instituto. Todavía no ha sido citado ningún testigo y tampoco hay imputados. Y ya se especula con que la causa podría ser declarada prescripta por el tiempo que pasó.