Los diputados Elisa Carrió y Fernando Sánchez (Coalición Cívica-UNEN) denunciaron ante la Justicia el acuerdo entre Ciudad y Nación, por el cual se le perdonó una deuda de $ 1.000 millones en Ingresos Brutos al empresario del juego Cristóbal López. Los legisladores acusan a las autoridades porteñas de “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Y piden que se investigue al empresario Nicolás Caputo porque, aunque no es funcionario en la Ciudad, “habría negociado la Addenda (adición) al convenio”.

En la presentación, que recayó en el Juzgado Correccional N° 1, Carrió y Sánchez subrayan que la Addenda fue aprobada por la Legislatura porteña “con un trámite veloz y con exiguo debate ”. Y explican que ésta “modifica el Convenio oportunamente ratificado mediante la Ley 1182 y lo que hace es condonar millones de pesos adeudados en concepto de Ingresos Brutos por las salas de juego y apuestas de caballos de propiedad del empresario Cristóbal López, en el Hipódromo Argentino de Palermo S.A. y en los buques de Casino Buenos Aires S.A.”.

Además, dicen, se desistió de cobrarle en el futuro ese impuesto o cualquier otro que se aplique sobre el juego a las empresas de López. Y a cambio “se estableció un canon especial del 3 % a las ganancias de los tragamonedas y las carreras de caballos, que comenzaría a regir desde el 2014” y que equivaldría a unos $ 350 millones al año.

“Estamos en presencia de una ley de carácter particular, con nombre y apellido ”, dicen los diputados. Y afirman que eso va contra la ley, que dispone que los regímenes de promoción que den beneficios impositivos o de otra índole, “tienen carácter general y objetivo”.

“No existe razón que justifique la decisión de los funcionarios intervinientes, del Poder Ejecutivo y del Legislativo local, de renunciar a perseguir el cobro de tributos adeudados y a devengarse, ‘transando’ los términos de la Addenda aprobada”, afirman Carrió y Sánchez. Esto, dicen, podría enmarcarse en las figuras de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, según los artículos 248 y 249 del Código Penal.

”Este es un convenio muy particular, porque primero se le pidió autorización a Cristóbal López, que es un moroso en rebeldía, para modificar una ley de marco general –explicó Sánchez–. Es una ley consultada y casi escrita por el contribuyente. Como es un convenio interjurisdiccional, el responsable es el jefe de Gobierno. Ni él ni la Legislatura tienen derecho a dedicar una norma de carácter general a una sola empresa”.

Los diputados de UNEN en la Legislatura, Maximiliano Ferraro y Paulo Oliveto, presentaron un proyecto para declarar la nulidad de la ley que convalidó el convenio entre Lotería Nacional y el Instituto del Juego porteño. La norma fue aprobada con los votos macristas y kirchneristas sin ningún discurso a favor del acuerdo.