Después de meses de desmentidas y de vacilaciones, el gobernador paulista José Serra confirmó ayer que será el candidato presidencial de la oposición socialdemócrata para las elecciones de octubre. Por ahora, va adelante en las encuestas pero su timidez para enfrentar el desafío le ha restado simpatías populares. Mientras su oponente Dilma Rousseff creció de 17% a 30% entre diciembre y esta semana, el gobernador cayó de 38% a 35%, según la encuesta de la prestigiosa consultora IBOPE.

La demora de Serra en reconocerse como el único político que puede enfrentar la fórmula oficialista, impidió a su partido y a sus aliados encarar una estrategia de campaña. Hasta el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, quien "reina" en la socialdemocracia paulista, llegó a proponer que su agrupación debía iniciar la campaña electoral aún sin saber quien encabezaría la fórmula.

Pero Serra se adelantó y anticipó, en una entrevista a la TV Bandeirantes, que deja su puesto de gobernante del estado paulista y se lanza a la arena electoral a partir del 10 de abril. El gobernador mostró cuáles serán sus líneas de diferenciación con Dilma Rousseff, la ministra-candidata de Lula, que también deja el gobierno a principios de mes. Durante el programa Serra pidió a los electores que comparen su biografía con la de Dilma: "Yo creo que es un poco pretencioso compararme. Pero yo tengo mi historia y Dilma la suya, como también Marina Silva (candidata verde). Le tocará juzgar al elector". Cuando le preguntaron si estaba más capacitado que su oponente Rousseff para gobernar, se negó a dar una respuesta. La prudencia tuvo un sentido. Justamente, su partido había presentado ante el Tribunal Superior Electoral un pedido de "sanción" contra el presidente Lula da Silva por "propaganda electoral anticipada". Ayer el TSE denegó el pedido por "improcedente". Diputados del PSDB, junto a sus socios de la agrupación Demócratas y del Partido Popular Socialista, habían reclamado que se "castigara" al jefe de Estado brasileño con una multa de 5.000 reales (2.700 dólares) por la presunta infracción. Pero el alto tribunal no encontró el delito argumentado. "Faltó el requisito fundamental para configurar propaganda anticipada y que es la mención directa del candidato más apto para la sucesión. Tampoco pidió votos ni elogió las cualidades de alguno de los que aspiran a sucederlo". Más temprano, políticos opositores habían difundido una versión de "condena" a Lula que resultó falsa. Pero esto son fuegos de artificio propios de la época.

Lo que sí importa es qué piensa el elector, dentro de quienes se incluye la cúpula del empresariado brasileño. Para estos generales de la industria y del campo lo único que vale es la garantía de continuidad de la política económica de Lula. Fue la que los sacó de la crisis de fines de 2008 y principios de 2009. De hecho la recuperación de la economía brasileña a partir de junio pasado redundó en ganancias récord para los principales grupos bancarios, agrícolas e industriales.

Ahora, lo que les preocupa es que Dilma se comprometa a seguir el modelo tal como hizo Lula en 2002, cuando presentó su Carta al pueblo brasileño. En ella prometía no tocar los fundamentos del sistema: no estatizar, mantener el cambio flexible, controlar férreamente la inflación y garantizar sobre todo el superávit fiscal para pagar la deuda pública.