“Es un reconocimiento a los derechos de estas personas que, a través de generaciones, están haciendo patria en ese lugar tan inaccesible del Chaco y tan sufrido porque carecen de todo servicio”, relató el defensor del Pueblo.

“Es un reconocimiento a los derechos de estas personas”, ponderó el defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, al revelar detalles de la creación de un consorcio de servicios rurales administrado por criollos del Interfluvio.

Corregido contó que fue un momento de “mucha emoción” de los representantes criollos tras escuchar esa confirmación de parte del gobernador.

“Fue la primera vez que quedaron visibilizados por el Estado luego de la entrega del título de propiedad de las tierras a la comunidad aborigen”, resaltó el funcionario.

El Interfluvio es una de las zonas más problemáticas de El Impenetrable, dados los enfrentamientos que durante años generó aquella entrega del título de propiedad comunitaria a la Asociación Meguesoxochi sobre tierras que abarcan unas 150 mil hectáreas y donde históricamente también se radicaron criollos.

Algunos de ellos aceptaron la reubicación, pero otros permanecen en esas tierras comunitarias. “Es un lugar de difícil acceso y poder hablar con todos es importante. Estamos tratando de que la gente pueda vivir en paz y tenga una mejor calidad de vida”, resaltó Corregido en declaraciones a Radio Universidad, donde también habló del nuevo proceso de regularización de tierras que involucra a la Reserva Grande.

En 1991, el exgobernador del Chaco Danilo Baroni ratificó un decreto del expresidente Marcelo Torcuato de Alvear, de 1924, que entregaba a los aborígenes tobas 150 mil hectáreas bajo el decreto 116/91. En base a ese decreto, el exgobernador Ángel Rozas le otorgó el título de propiedad comunitaria a la asociación indígena Meguesoxochi, en abril de 1999, como un acto de “reparación histórica” a los pueblos originarios.

Reserva Grande: dirigentes complican la paz social

Por otra parte, Corregido se refirió al proceso que involucra a la Reserva Grande, por el cual el gobierno entregará un título de propiedad comunitario de las 308.000 hectáreas a la organización Mowitob.

Al respecto, el defensor del Pueblo recordó que hace ocho meses comenzó a realizar recorridas frecuentes por El Impenetrable. “Hay desconocimiento de parte de algunas organizaciones aborígenes sobre la entrega del título y las formas”, contó. Aseguró que entre las comunidades de criollos y aborígenes radicadas en la zona “no existen problemas”.

En ese orden, Corregido advirtió que son algunos dirigentes los que generan confusiones y “complican la paz social”, llevando a las comunidades a “discusiones vacías”, “Tiene que haber un acuerdo claro de lo que se hará para que no ocurra lo mismo que cuando se entregaron las tierras a la Asociación Meguesoxochi”, resaltó el funcionario.

Así consideró que el decreto del Poder Ejecutivo provincial es claro en sus definiciones, ya que señala que todavía resta determinar los límites periféricos e internos de la Reserva, establecer la población que reside dentro de esos límites y, sobre todo, señala la falta de acuerdo entre criollos y aborígenes. Es por ese último punto que el gobernador Capitanich estableció una Unidad Ejecutora Provincial (UEP), que tiene como objetivo generar las condiciones de consenso relacionadas con el proceso de escrituración y entrega de títulos comunitarios.

De ahí surgió que la entrega del título de propiedad se concretará recién en julio próximo, en el marco del acuerdo entre comunidades. “El decreto implica una prórroga hasta el 20 de julio porque las actuaciones realizadas hasta la fecha no tuvieron el éxito que esperaba el gobernador, con lo que ha introducido nuevos organismos e instituciones para alcanzar los objetivos necesarios”, explicó.

Entre las distintas dependencias e instituciones que forman parte de esa “plataforma de consenso” se cuenta el Ministerio de Planificación y Ambiente, la Subsecretaría de Recursos Naturales, el Instituto del Aborigen Chaqueño (Idach), la intendencia de Fuerte Esperanza, la Diócesis de San Roque de Sáenz Peña, la Junta Unida de Misiones, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE, la Universidad del Chaco Austral (UNCAus), la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la Nación y el Instituto de Nacional de Asuntos Indígenas.

“Es un desafío para estos nuevos actores llegar a establecer no sólo los parámetros físicos de la Reserva sino también alcanzar el consenso entre criollos y aborígenes”, indicó. Resaltó así que las comunidades llevan una vida tranquila y comparten el día a día. “Nunca se puede imaginar que puedan llegar a tener conflictos”, enfatizó.

La Reserva Grande se encuentra ubicada en su mayor parte en el departamento General Güemes y, una porción menor, en el Almirante Brown, en El Impenetrable chaqueño. El límite Norte es el río Bermejito; mientras que el Sur es el camino que une Fuerte Esperanza en el Chaco con la provincia de Salta (ruta Juana Azurduy). En tanto, al Oeste el límite es la malla catastral 14 y al Este, la ruta provincial 61.