El intendente de Capital Carlos Mauricio “Camau” Espínola confirmó que convocará a sesiones Extraordinarias al Concejo Deliberante a partir de la segunda semana de febrero. Uno de los temas centrales de la convocatoria es el tratamiento del proyecto de ordenanza con el que el Ejecutivo busca una actualización en los valores de las tasas e impuestos municipales, que están congelados desde el 2006.

La iniciativa propone una aumento de entre el 30% y el 60% de los cargos fijos de algunas tasas municipales. Aseguran que es para contrarrestar la inflación acumulada de los últimos cuatro años.

La administración del intendente “Camau” Espínola plantea modificar la estructura de algunos impuestos, haciendo que sus valores sean móviles -atándolos a porcentajes de venta de los comercios-para que se actualicen automáticamente a lo largo del año.

Pero algunas cámaras privadas como la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (APICC) y la Federación Empresarial de Corrientes (FECORR) ya se adelantaron al debate parlamentario, y salieron a rechazar el proyecto de actualización de las tasas e impuestos.

La APICC, por caso, convocó a sus asociados y las demás cámaras de comercio de la ciudad a una reunión para hoy a las 21 en sede, para acordar “acciones a seguir” para resistir lo que ellos llaman el “tarifazo” o “impuestazo”.

A pesar de la polémica que ya generó el proyecto oficial, el intendente Espínola ratificó ayer que mantendrá la iniciativa original y que sean los concejales los que discutan el proyecto.

Los empresarios por su parte se victimizan, asegurando que el aumento de los impuestos y la “creación de nuevas tasas” serán trasladados al precio final de los productos que comercializan; lo que hará caer las ventas, se generarán menos puestos de trabajo y aumentarán las contrataciones en negro de empleados. “El costo lo pagarán todos los vecinos. No es sólo un impuesto al comerciante sino también al bolsillo de la gente”, dijo ayer el titular de APICC, Enrique Collantes.

Lo que mayor controversia genera del proyecto es la modificación de la estructura de la tasa Seguridad, Inspección e Higiene que hoy tiene un valor fijo aplicado a la superficie de los comercios. Lo que el Ejecutivo propone es que esa tasa pase a un esquema de precio móvil, que será el resultado de aplicar un porcentaje -el tres por mil sobre ingresos brutos- de las ventas que tengan los negocios.

Los empresarios reaccionaron señalando que el municipio está queriendo crear “un nuevo impuesto”, para el cual carece de facultad constitucional. “Reconocemos que debe haber una actualización en los montos. Pero rechazamos que se retoque Seguridad e Higiene aplicado a los Ingresos Brutos, que los comercios ya le pagan a la Provincia. Quieren crear un nuevo impuesto, y no tienen facultad para eso” se quejó el presidente de APICC.