A la delicada situación judicial de la líder local de Tupac Amaru, Nélida Rojas, se suma el inicio de una inhibición de la asociación por una multa de 2016. El pedido lo había iniciado la Municipalidad de Ciudad después de un corte de calles y la semana pasada se definió esa medida.

Es un proceso aparte de la acusación penal. Y esta vez la acusación fue por no pagar una multa aplicada por no respetar el Código de Convivencia.

Según el municipio, Tupac Amaru tiene tres multas, cada una por cortes que hicieron durante 2016. Dos de ellos fueron en Patricias y Sarmiento, frente a la Legislatura, y el tercero en el Kilómetro 0. Como no se pagó ninguna, sobre las tres se inició un juicio de apremio y la de esta nota sería la primera en resolverse.

El valor base del castigo es de 20 mil unidades tributarias, que en aquel año rondaba los 30 mil pesos. Con recargos por morosidad, envíos de cartas documento, honorarios y demás, el valor subió a $48.604. El 23 de marzo la Justicia afirmó por última vez que debían pagar o se iniciaría una inhibición para embargar bienes por esa suma.

Esa resolución pedía “disponer la inhibición del demandado” para “transformar, modificar o transferir derechos reales sobre bienes inmuebles o bienes registrables”.

Raúl Levrino, secretario de Seguridad Ciudadana de la Capital, confirmó que “el último estado que tenemos de ese deuda es la inhibición, se hizo el 20 de abril”. La inhibición impide que un demandado disponga libremente de sus bienes y no puede adquirir otros. El funcionario comentó que la asociación aún no los contacta para saldar la deuda.

Un detalle que puede complicar el trámite es que la Tupac no se maneja con una personería jurídica propia en Mendoza sino que adhiere a la nacional en Jujuy. Incluso, las cartas documentos firmadas se enviaron a la dirección de la sede en la capital jujeña.

Ese dato también fue mencionado por integrantes locales del Comité para la Liberación de Milagro Sala, que hicieron su interpretación política: “Le mandan la multa por las movilizaciones de acá cuando en esas marchas que mencionan participaron muchas otras organizaciones. Hay una cuestión muy dirigida a la Tupac, ¿no?”.

Los Andes también contactó a la organización en Jujuy para conocer su parecer sobre la inhibición. Pidieron tiempo para poder analizar el tema con sus abogados.

Un código con 57 multas

En octubre de 2014, Ciudad aprobó un Código de Convivencia para “conservar el espacio público”. Un punto polémico era la prohibición de bloquear calles y no pasaron muchos meses para que el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) recibiera la primera multa. El PTS figura también como el último multado por un corte que hizo con otros grupos en abril.

Quién más multas tiene es la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) con 16 cargos: hizo diez cortes en 2015, cinco en 2016 y uno en 2017. Los docentes de SUTE ocupan el segundo lugar con 8 multas y la Asociación Bancaria Mendoza tiene 6. Vale aclarar que tanto SUTE como La Bancaria pagaron todo mientras que sobre ATE hay un embargo en marcha por no abonar.

De un total de 57 cargos, se han pagado 17 y quedan 40 por cobrar. Levrino asegura que “todas las multas se están cobrando”.

Cambio de versión y una liberación

La fiscal Gabriela Chaves dio a conocer los motivos por los que liberó a Ángel Osvaldo Rojas, detenido hasta el viernes pasado a la noche. Una denunciante modificó su versión original sobre un desalojo en el que estuvo el hombre y se pasó de coacción agravada a simple, un delito excarcelable.

“No es un falso testimonio sino que el vocabulario puede cambiar de una declaración a otra. En su última versión, había menos violencia. Correspondía dejarlo en libertad”, explicaron desde la Justicia.

Por su parte, el abogado de Nélida Rojas, Alfredo Guevara (h), celebró la decisión en su cuenta de Facebook mientras criticaba otra vez a Chaves: “Por esa detención se encuentra denunciada la fiscal actuante por privación ilegítima de la libertad, abuso de autoridad y prevaricato. La desinformación es su principal arma, pero lo cierto es que sin coacciones, ya no tienen ‘graves delitos’ que vender”.

Por otro lado, la investigación continúa con el análisis de la información bancaria y la documentación de vehículos a nombre de familiares de Nélida Rojas. A eso hay que sumar los elementos obtenidos en los allanamientos y en el municipio lavallino.