En EE.UU. la controversia se produjo en plena crisis de 2008, cuando el Estado gatilló el salvataje de grandes compañías. El caso más emblemático fue el del Citibank, pero no el único. Algo similar ocurrió en el Reino Unido: el Gobierno tomó el control total de los bancos Northern Rock y Bradford y Bingley, mientras que quedó como accionista minoritario en Lloyd‘s y Royal Bank of Scotland.

En Brasil, en tanto, el Banco Nacional de Desenvolvimiento (Bndes) tiene casi 6% del capital accionario del gigante minero Vale. Y posee 12 acciones de oro.

Pero tal vez el país más desarrollado en la convivencia público-privada sea Francia. La “Agencia de Participación del Estado”, concentra el managment de las 75 compañías en la que estado galo tiene participación. Empezando por Renault, cuyo 17% está en manos del Estado.

En la misma línea, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) congrega en España a 23 empresas con participación pública. Y si bien los resultados de las experiencias internacionales han sido heterogéneos, el denominador común de las investigaciones que han documentado estos procesos es que Estados eficientes tienden a lograr con mayor frecuencia una relación fructífera con los privados, en una suerte de win to win. Pero –advierten los especialistas– se trata de una condición necesaria; no suficiente.

La Argentina, una vez más, deberá hacer camino al andar en un desafío que compromete por igual a gobernantes y empresarios vernáculos, en pos de un beneficio que trasciende las fronteras económicas y derrame un mensaje adulto de convivencia sobre toda la sociedad