Este conflicto político, económico y eléctrico entre la administración radical de Ricardo Colombi y la gestión kirchnerista de Carlos Mauricio Espínola está a punto de sufrir un nuevo giro. Será legal y si funciona podría representar el inicio de un camino que lleve a la salida pacífica y racional de este pleito que oscureció la campaña electoral.

En el Municipio capitalino están analizando dar un nuevo paso que esperan sea positivo para alcanzar un acuerdo con la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) que le inició una demanda civil por deudas que la Comuna tiene con el consumo eléctrico del Alumbrado Público.

"Vamos a comenzar a pagar, pero con depósito en una cuenta judicial. Vamos a demostrar nuestra voluntad de pago y a proponer compensaciones de deudas", adelantó un funcionario del Ejecutivo comunal.

De concretarse, esta sería una respuesta judicial y política al pedido de embargo de bienes por $7,2 millones que, a principio de este mes, la Dpec hizo contra la gestión kirchnerista del Municipio con el consumo eléctrico del alumbrado público.

El 4 de octubre pasado un oficial de justicia se presentó en la Comuna capitalina con un mandamiento que emitió el juez Civil y Comercial Nº 1 con una advertencia de posibles embargos, que pidió la Dpec, para cubrir los $4,8 millones en deudas más $2,4 millones de intereses y costas.

Este pleito judicial se inició este año y se originó porque la Dpec comenzó a la reclamar a la gestión de Camau Espínola el pago de $1 millón mensual por el consumo eléctrico estimado de las luminarias de la ciudad.

"Es una deuda que nosotros cuestionamos. Ellos no miden el consumo del Alumbrado Público, solo lo estiman en un millón de pesos mensuales. Paradójicamente cuando todavía estaba vigente el convenio y nos giraban los fondos, solo nos pasaban $300 mil por mes", explicaron desde la Secretaría de Economía.

Es el mismo importe, entre $300 mil y $400 mil por mes, que desde el Municipio capitalino analizan "comenzar a pagar a través de depósito en una cuenta judicial", adelantaron a NOR TE de Corrientes.

Le pelea, política e institucional, comenzó un poco antes. En diciembre de 2012 la administración justicialista aprobó una ordenanza que le devolvió a la Comuna el derecho de cobrar sin directamente a los vecinos, a través de una tasa, el servicio de alumbrado público. Antes lo cobraba la Dpec aplicándole el 6% extra en las facturas domiciliarias de cada usuario.

En medio del conflicto el Municipio acusó al Gobierno provincial de "retención indebida de fondos" porque entre marzo de 2011 y diciembre de 2012 la empresa eléctrica no le giró lo que le retenía a los usuarios por las luminarias y se generó una acreencia de casi $11 millones.

La gestión kirchnerista le agregó otros pasivos impagos de la Dpec por el Uso del Espacio Aéreo, impuestos inmobiliarios y patentes de los vehículos oficiales que la empresa no paga hace muchos años con lo que esas acreencias suben hasta $27 millones. Además de "demostrar voluntad de pago", desde el Municipio capitalino también tienen la intención de forzar en la causa judicial una "compensación de deuda" con la Dpec.