El vicegobernador y presidente de la Legislatura, Luis Alberto Campo elaboró un ensayo referido a "gobernabilidad y acceso a la Justicia" en nuestra provincia, en lo que es a la vez "un análisis de la involución en el acceso a la justicia ordinaria de las poblaciones pequeñas y alejadas de los grandes centros urbanos, con la consecuente pérdida de identidad de cada uno de los ciudadanos de esas poblaciones".

El vicegobernador le dijo a LA ARENA que ya conversó del tema "con algunos jueces" y giró el proyecto a intendentes y comisionados para que den su opinión, porque en algunos lugares la justicia está muy alejada de la gente". Anticipó que la idea sería transformar el estudio en un proyecto de ley para que se avance en aquel sentido y que el Consejo de la Magistratura pueda ser el que designe a esos Secretarios Letrados.

Si bien Campo no lo dijo se supone que 25 de Mayo, Santa Isabel y Guatraché podrían ser asentamiento de Juzgados de Paz Letrados.

Los antecedentes.

En una observación de la creación de los juzgados de paz y sus competencias mencionó que la Constitución provincial de 1953 determinaba que "la legislatura creará juzgados de paz y otros de menor cuantía atendiendo a la extensión territorial de cada departamento y a su población"; y también hace referencia a que la Constitución de 1960 estableció que "los jueces de paz y sus suplentes serían electivos" y que no necesariamente tenían que ser abogados, como tampoco sus secretarios.

Explicó el vicegobernador que esa situación "no era preocupante" en aquella época, cuando era difícil la llegada de profesionales a localidades pequeñas. No obstante resultar electos en una lista determinada, los jueces de paz se mueven en la esfera del Poder Judicial, como auxiliares de la justicia. "Nacieron con el objeto de que la justicia ordinaria llegara a todo el territorio provincial", afirmó Campo.

Amplió diciendo que con la irrupción de los gobiernos de facto se redujo considerablemente el número de Juzgados de Paz, Registros Civiles y Comisiones de Fomento, al punto que en La Pampa de 76 Juzgados de Paz, que a su vez eran Registros Civiles, quedaron sólo 49 en las mismas condiciones.

Sostiene el presidente de la Legislatura que "se priorizó así la reducción de costos administrativos por sobre la calidad de vida", a la vez que señaló que Clarín decía por entonces que "a pesar de la importancia para los pobladores de poder contar con ese servicio, no era posible justificar los gastos para tan escasa cantidad de trámites".

Más adelante Campo recordó que al argumentar por la reforma constitucional de 1994 "el gobernador decía en la Legislatura que era necesario incorporar mecanismos de participación directa, y afirmar la descentralización de la justicia a través de los juzgados de paz letrados". No obstante, sancionada esa constitución de 1994, en este aspecto todo quedó como en la de 1960.

Lo que pasa hoy.

Al aludir a la situación actual admite que "la complejización de las comunidades agudiza sus problemáticas. El advenimiento de nuevas tecnologías, la mayor velocidad de las comunicaciones, el aumento y mejora en las redes de comercio, la irrupción de mayores reclamos sociales, y el quiebre de las economías regionales, entre otros factores, hicieron que impartir justicia en cuestiones de menor cuantía en los lugares más alejados de la provincia, se haya tornado en una tarea ímproba y de difícil acceso para el ciudadano".

Razonó que "son innumerables las situaciones menores que se dan en regiones alejadas de los centros urbanos, como conflictos entre trabajadores rurales u operarios por malas condiciones laborales o mala liquidación de haberes; conflictos entre vecinos por ruidos molestos o invasión de una propiedad por una construcción de un vecino; los divorcios en que se reclama manutención de un hijo, casos de maltrato. En todas esas situaciones los ciudadanos no tienen un juzgado cercano donde reclamar".

La propuesta.

El vicegobernador Campo cree que debería haber modificaciones que conduzcan a la reapertura de aquellos registros civiles que hoy están cerrados por falta de personal, y de esa forma "se ayudaría a recuperar la identidad de los vecinos con su pago chico y que aumenten sus gastos para realizar en otras localidades trámites de casamiento, nacimientos y defunciones, y el municipio no vería menguada su coparticipación por disminución de la población".

Considera que en el caso de los Juzgados de Paz "es necesario recuperar el rol de 'justicia de entre-casa', para que funcionen como juzgados de menor cuantía, para lo que deberían ser conducidos por un letrado. No podrían ser electivos y su designación dependería del Consejo de la Magistratura". Naturalmente para esto se necesitaría la modificación de la Constitución Provincial, lo que por ahora no se avizora como posible.

Campo propone como alternativa establecer en cinco localidades la figura del Secretario Letrado con título de abogado, cuya designación y funciones serían conforme lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que tendrían un radio de acción que naturalmente se les deberá fijar.

Experiencia piloto

Campo recordó que siendo intendente de General Pico estableció el Tribunal de Faltas de la municipalidad para atender problemas vecinales, y también que puso en marcha "como experiencia piloto" la Casa de la Justicia, institución de carácter extrajudicial que contaba con un cuerpo de asesores, como asistentes sociales, abogados y psicólogos".

El proyecto procuraba desarrollar un modelo efectivo de política de acceso a la justicia a partir de esa implementación, trabajando en forma conjunta y coordinada con los distintos poderes del estado, poderes ejecutivos locales, los poderes judiciales provinciales y la organización de la sociedad civil. En muchos de esos casos la mediación jugó un rol fundamental para solucionar conflictos.

La Casa funcionó entre 2004 y 2007 y se presentaron unos 100 casos mensuales, de los cuales un 70% tuvieron resolución favorable a través de la mediación. "Se observó que la gran mayoría de los problemas se originaban por desidia, mala información, desconocimiento y falta de asesoramiento adecuado y otros".

Juzgó que el servicio prestado "cubrió un amplio aspecto social, contribuyendo al sostenimiento de la gobernabilidad. Por falta de comprensión de la gobernabilidad en los tiempos actuales, o priorizando las reducciones presupuestarias el proyecto fue discontinuado".

La propuesta de poner en marcha Juzgados de Paz con Secretario Letrado contempla la función conciliadora y de mediación del juez de paz, con el fin de que se cumpla la pretensión conforme a lo que voluntariamente las partes acordaron.