La medida de fuerza entrará en vigor desde el lunes próximo y se extenderá por una semana, según informó Hugo Biolcati, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), junto a los presidentes de las otras entidades que integran la Comisión de Enlace, en una conferencia de prensa que tuvo lugar esta tarde.

De acuerdo con la carta que leyó Biolcati, se excluyeron los productos perecederos ni los productos agropecuarios industrializados destinados al consumo.

La jornada había comenzado con críticas. Las entidades reclamaron soluciones profundas, en rechazo de los créditos al sector anunciados ayer por la Presidenta. Luego, el titular de SRA calificó a los créditos y la supuesta apertura de "tardíos e insuficientes". Y se quejó de las repetidas "acciones de intervención distorsiva".

En el transcurso de la mañana, como estaba previsto, los principales referentes de las entidades del campo se reunieron con el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, y Carlos Tomada, de la cartera de Trabajo.

Pero el anuncio sobre la liberación de la totalidad del saldo exportable de trigo, enojó a los hombres del campo. Horas más tarde, Biolcati dijo que era "más de lo mismo", y, por tanto, "insuficiente", ya que el campo reclama la eliminación total de los cupos de exportación.

"No se ha escuchado en absoluto lo que nosotros pedimos. La competencia es nula y el precio se derrumba", había advertido Biolcati, finalizada la reunión. Algo parecido repitió esta tarde junto al presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi; de Confederaciones Rurales Argentinas, Mario LLambias; y de Coninagro, Carlos Garetto.

Ante la prensa, Biolcati leyó una carta titulada "Los productores queremos cambios de política y no gatopardismo", en la que se expuso un punteo de los reclamos. Tras denunciar una "mezquindad" por el mantenimiento de cupos "funcionales a los grupos concentrados de la molinería y la exportación", pidieron: la apertura total de las exportaciones de trigo y maíz y la eliminación de restricciones en las ventas al exterior; la puesta en funcionamiento de la Comisión Bicameral; el pago del precio lleno al trigo anunciado por el Gobierno; y el pago inmediato de compensaciones de la campaña pasada.

Además se reclamaron reglas claras, el cumplimiento de los planes Maíz Plus y Trigo Plus, el reintegro inmediato de las retenciones de IVA (8%), y la segmentación de las retenciones, mientras estén vigentes.

Liberación, con cupos. Según precisó el subsecretario de Agricultura, Oscar Solís, este mes se liberarán tres millones de toneladas de trigo, que sumadas a igual cantidad, autorizada en el segundo semestre del año, y otro millón en diciembre, suman un total de siete millones de toneladas para la actual campaña triguera.

El funcionario, incluso, consideró probable que se libere un saldo adicional de un millón "si se confirman las estimaciones de último momento de que la producción llegaría a los 14 millones de toneladas, lo que implicaría alcanzar la media histórica de exportación del producto".

Los dirigentes se retiraron de la sede de Agricultura sin formular declaraciones a la prensa. Los líderes del sector agropecuario buscan cambios más profundos, como la eliminación total de los cupos, que significaría la apertura total de la exportación de trigo.

Por su parte, Domínguez, sostuvo, luego del encuentro, que no existe relación entre los cupos exportables que reclaman las entidades agropecuarias, con el precio que se les paga a los productores de trigo, por considerar que son dos temas distintos y no están vinculados. "No hay ningún instrumento que esté vinculado a que no hay cupos exportables y el precio que le pagan a los productores de trigo", dijo. El ministro indicó que "es muy lógico que las entidades opinen sobre las políticas del gobierno" en referencia a la existencia de los cupos, pero manifestó que incluso entre esas opiniones hay diferencias de criterios.

De esta forma el ministro diferenció el reclamo que realizan las entidades agropecuarias de lo que sucede actualmente con el precio que las cerealeras le pagan a los productores respecto al pedido de que se libere la exportación del cereal. "No hay ningún instrumento que esté vinculado a que no hay cupos exportables y el precio que le pagan a los productores de trigo", repitió el ministro durante el contacto que mantuvo con la prensa.

El trabajo en negro, otro ítem. En la reunión estuvo el ministro Tomada, quien habló del objetivo de "erradicar el trabajo en negro" en el sector. Su presencia fue cuestionada por Biolcati, quien acusó al Gobierno de querer "embarrar la cancha" al incluir al funcionario en las negociaciones sobre otro tema.

"Queremos un diálogo permanente con un fin concreto: erradicar el trabajo en negro y por supuesto, las condiciones de sevidumbre que la justicia está investigando", afirmó. "Solicitamos no sólo la predisposición, sino la colaboración en la tarea inspectiva que muchas veces resultó hostil", dijo el ministro pidiendo a los empresarios agropecuarios que se "pronuncien" contra el trabajo esclavo en el campo y que se constituya una mesa de diálogo "para revertir esta situación y avanzar en la registración del trabajo rural".

Además, indicó que proximamente los convocará para analizar el tema, pero les adivirtió: "Si lo que me van a pedir es una rebaja de los aportes patronales, más vale que no perdamos el tiempo".

Tomada denunció que sobre aproximadamente un millón de trabajadores rurales "hay unos 600.000 no registrados" y consideró que "sería importante" que el secretario general de Uatre, Gerónimo Venegas, sindicalista alineado al duhaldismo, que se "exprese sobre este tema, en defensa de los trabajadores del sector".

Y sobre su participación en el encuentro de esta mañana, subrayó: "Considero que en una reunión donde se habla de la rentabilidad del sector, es necesario que también se analice la forma en que los beneficios de la actividad también lleguen a los trabajadores del sector".