Un cambio de rumbo en el Instituto de Vivienda

Bernardo Rodríguez le abrió las puertas a los que venían protagonizando las protestas en los últimos días. Las soluciones serán "a corto, mediano y largo plazo", prometió el futuro interventor.
El subinterventor (y, seguramente, futuro interventor) del Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico), Bernardo Rodríguez, recibió ayer al cuerpo de delegados de la institución y mantuvo con ellos un fluido diálogo, que abrió un tiempo de consenso diametralmente opuesto al que se vivía hasta hace pocos días cuando estaba al frente el renunciante arquitecto Gustavo Maidana.

El encuentro se prolongó aproximadamente durante tres horas, en cuyo transcurso el contador Rodríguez escuchó los reclamos de los trabajadores. Luego se diferenció del estilo del renunciante Maidana y prometió la solución urgente de determinados problemas, y algunos otros los condicionó a "soluciones que no dependen de mí".

Durante la reunión acordaron volver a reunirse el próximo lunes por la tarde, con una comisión de menor número de integrantes, a fin de imprimirle más dinamismo a las gestiones.

Tras restituir a sus lugares de trabajo a algunos trabajadores desplazados como forma de sanción y prometer la devolución de compensatorios que habían suspendidos por la "administración Maidana". Rodríguez les aclaró que "habrá temas que se van a resolver a corto, a mediano y a largo plazo".

Aseguró que, en cualquier, caso "aquí se terminaron las persecuciones". Incluso si bien pidió el "acompañamiento" a su futura gestión, de ninguna manera se opuso a que los empleados siguieran adelante con pronunciamientos gremiales que ya habían decidido con anterioridad.

"En democracia todos pueden expresarse", dijo.

Arrancó la reunión proponiendo "olvidar toda la gestión anterior" (de Maidana). "Empecemos de nuevo", reiteró, dando a entender que en los últimos tiempos había mantenido un perfil bajo como subinterventor precisamente por desavenencias con el anterior Interventor.

Al encuentro asistieron los delegados de ATE del personal de planta y de los prestadores de servicios o "factureros", considerados ellos mismos como "trabajadores precarizados".

"Se le fue planteando cada uno de los puntos del petitorio", le informó a EL LIBERTADOR uno de los participantes tras la finalización de la reunión.

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