El fallo de Muñoz deberá ser revisado por la Sala Penal del máximo tribunal de Chile, pero no es más que un mero formalismo.

Hay que recordar que hace unos meses, la Fiscal de la Corte trasandina, Mónica Maldonado Croquevielle, había sido contundente al evaluar la situación de Romano y recomendar su extradición por entender que la investigación realizada en Argentina tenía elementos probatorios de sobra para confirmar la participación de Romano en los delitos que se le imputan.

Una vez devuelto a nuestro país, el destino de Romano será uno solo: la cárcel. Cualquier tipo de pedido de prisión domiciliaria o eximición de prisión será rechazado a priori por la rebeldía y la resistencia mostrada por el ex juez al accionar judicial.

Allegados al acusado aseguraron que en los últimos meses Romano confesó haber estado arrepentido por su decisión de profugarse y pedir refugio político en Chile. Fue una jugada que le salió mal y eso hizo que sus chances de al menos llegar al juicio en libertad se redujeran drásticamente.

Romano está prófugo de la justicia en nuestro país desde agosto de 2011, cuando decidió esquivar el juicio en el Consejo de la Magistratura y huir a Chile en busca de asilo. Meses más tarde, sería destituido y se quedaría sin fueros. Fue el momento en que se activó el pedido de captura internacional que había librado el juez mendocino Walter Bento.

El año pasado, el Ministerio del Interior de Chile rechazó el pedido de Romano para poder vivir allí como refugiado político. El ex camarista fue arrestado y posteriormente se lo benefició en Chile con un régimen de prisión domiciliaria ambulatoria, ya que el único requisito era que durmiera todas las noches en el mismo lugar; un departamento ubicado en una zona coqueta cerca de Reñaca.

La intención de los organismos de Derechos Humanos que participaron para poder llevar a Romano a juicio es sumarlo a los ex magistrados que se sentarán próximamente en el banquillo de los acusados por estar imputados también de delitos de lesa humanidad. Ellos son: Luis Miret, Evaristo Carrizo, Guillermo Petra Recabarren y Gabriel Guzzo.

De todos ellos, los más complicados siempre fueron Miret y Romano. Ambos fueron imputados cuando aún estaban en un funciones, luego de una amplia investigación comandada por el ex fiscal Omar Palermo, actual miembro de la Suprema Corte de Mendoza. Los dos fueron destituidos y están acusados de ser partícipes primarios de los delitos por los que se encuentran procesados.

Durante los años de represión ilegal, Romano se desempeñaba como fiscal federal, mientras que Miret era juez federal en Mendoza. Tiempo más tarde, y ya con el regreso de la democracia, formaron parte y condujeron la Cámara Federal de Mendoza durante décadas. Ese tribunal ya era cuestionado por sus fuertes vínculos con los estamentos de poder económico en la provincia, y luego de que se declarara la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto final comenzaron a llegar acusaciones contra los integrantes de la Cámara; especialmente contra Romano, Miret y Julio Petra; todos sospechados de haber garantizado la impunidad del aparato represivo que actuó en nuestra provincia.

El proceso

El primer juez chileno en recibir el pedido de extradición de Romano fue Adalis Oyarzún, quien estudió el expediente que se había iniciado en Argentina y realizó las primeras medidas del otro lado de la Cordillera.

Debido a la jubilación de Oyarzún, la causa llegó a manos de Sergio Muñoz, el magistrado más joven de la Corte chilena, de perfil progresista e interesado por las causas vinculadas con delitos de lesa humanidad en Sudamérica. En su carrera judicial logró sacarle la inmunidad legislativa al represor Augusto Pinochet y ha tenido fallos vinculados con la protección del medio ambiente y en contra de grandes corporaciones en su país.

Durante este proceso, se entrevistó con víctimas de la represión ilegal en Argentina y que fueron testigos en la investigación contra Romano. Básicamente, quiso escuchar en primera persona en relato de las atrocidades, para finalmente dar intervención también a la fiscal de la Corte y, luego sí, fallar a favor de que el ex camarista sea juzgado en Argentina.