Luego del fallo que absolvió a los 13 imputados por la desaparición de Marita Verón, Susana Trimarco pidió que los tres jueces fueran llevados a Juicio Político, medida que el Alperovichismo impulsó inmediatamente desde la Legislatura.

Uno de ellos, Eduardo Romero Lascano, cuestionó la constitucionalidad del Jury que los juzgará, pero la Corte Suprema de Justicia de Tucumán dio vía libre a su constitución. Además de Romero Lascano, será juzgado Alberto Piedrabuena. El tercer miembro del Tribunal, Emilio Herrera, quedó fuera del proceso tras presentar su renuncia y acogerse a la Jubilación, en función de una grave enfermedad que lo aqueja.

Saber que los jueces que dejaron libres a los imputados están cada vez más cerca del Juicio Político debió ser una bocanada de aire fresco para la golpeada imagen de una Tucumán sindicada como una de las capitales de la Trata de Personas del País. Un mensaje social que parece decir: “estamos involucrados con la problemática, combatimos el delito de Trata”.

Un proceso inédito

Sin embargo, el inédito proceso que enfrentan los jueces Piedrabuena y Romero Lascano deja otras sensaciones en una provincia en la que jamás, desde que asumió la gestión Alperovich, hubo un juicio político.

A tal punto es novedosa la situación que el Jury de enjuiciamiento debió formarse con posterioridad al hecho que juzgará, porque la Provincia no estaba preparada para que, alguna vez, alguien llegara a enfrentar una situación semejante.

Y eso que en la Provincia hubo fiscales que dejaron prescribir causas, otros que escondieron expedientes durante años (como Albaca en el caso Paulina Lebbos), otros que fueron sorprendidos armados, y legisladores acusados de encubrimientos de crímenes, deforestación, incompatibilidad de cargos, falsedad ideológica y varios etcéteras. Al Alperovichismo ninguno de estos motivos le pareció suficiente para enjuiciar a nadie.

La necesidad del Kirchnerismo tener a Trimarco

Lo cierto es que la cabeza de los jueces que fallaron en contra de las pretensiones de Trimarco (y en aquellos tiempos, de la sociedad en general) es la ofrenda que debe Alperovich a uno de los pilares del relato kirchnerista.

Susana Trimarco, junto a Hebe de Bonafini y otros personajes que supieron ser reconocidos por su lucha por los Derechos Humanos son la carta de presentación ante la opinión pública de un Gobierno que se presenta como abanderado de la causa.

Quitar al Kirchnerismo sus aires de defensa de los Derechos Humanos equivaldría a dejarlo parado como uno de los gobiernos peronistas que pasaron por la historia poniendo el guiño a la izquierda y girando a la derecha. Trimarco y Bonafini no pueden abandonar la trinchera del comisario, y en pos de retenerlas, la cabeza de los jueces bien vale el esfuerzo.

El fallo, un grave retroceso

Es innegable que el fallo absolutorio de los jueces implicó un retroceso serio en la lucha contra la trata de personas. Las testigos, que vinieron del tormento de ser drogadas, golpeadas y violadas durante años, no tienen forma humana de volver a creer en un sistema que dice luchar por ellas.

Están aterradas, no quieren dar testimonio, sus captores están libres y ellas libradas a la suerte que siempre corrieron: sobrevivir como sea, mantenerse con vida, quien sabe ya para qué, con el espíritu golpeado.

El juicio emblema, el que iba a hacer historia, el que iba a marcar un antes y un después en la toma de conciencia sobre el tercer negocio ilegal más rentable del mundo, les dio la espalda. El daño que produjo el fallo es inmenso.

La falsa lucha contra la trata en Tucumán

Sin embargo, no es una condena ejemplar la que se busca con el juicio político a Romero Lascano y Piedrabuena. Si el poder político estuviera interesado en atacar el delito de trata de personas podría empezar por detectar, separar y enjuiciar a los funcionarios que hacen uso de los prostíbulos, que piden “chicas” por teléfono, que colocan policías custodiando sus puertas, que avisan de los allanamientos. Pero, en Tucumán, hasta hoy, jamás un funcionario fue separado de su cargo por este tipo de conductas, ni por ningún otro encuadrado dentro de la complicidad y la corrupción.

Ayer se supo que el ex Secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella, cajoneó información sobre uno de los femicidios más aberrantes de la última década, el de Paulina Lebbos. Nadie pidió juicio para él, nadie salió si quiera a hacer declaraciones, nadie le dio un tirón de orejas y ese funcionario continúa trabajando en Casa de Gobierno.

Si el poder político estuviera interesado en la lucha contra la trata de personas, por ejemplo, reglamentaría la Ley de Protección a Testigos, que duerme en un cajón del Gobernador Alperovich desde hace siete años. Ninguna de las mujeres rescatadas de los prostíbulos tiene garantías de dar testimonio contra su explotador, y la reserva de sus identidades queda librada a la buena voluntad de los fiscales, jueces y periodistas.

Nadie que haya visto nada puede denunciar tranquilo, sabiendo que el Estado protegerá su vida, su trabajo, su familia y su identidad. Así, ninguna causa por trata de personas tiene la más mínima posibilidad de producir ningún resultado.

El disfraz de la “democratización de la justicia”

En su afán por controlar el Poder Judicial el Kirchnerismo impulsa la llamada “democratización de la Justicia”, un título atractivo y popular. Sin embargo, totalmente inaplicado. En Tucumán, luego de años de designar jueces y fiscales a dedo directamente desde el despacho de José Alperovich, se puso en funcionamiento el Consejo Asesor de la Magistratura, cuya única función es proponer tres candidatos al Gobernador, que podrá elegir entre ellos o cualquier otro, y ordenar a la Legislatura que lo designe por mayoría automática. ¿Los concursos? Bien, gracias.

Si el Kirchnerismo, y el Alperovichismo se propusieran arbitrar los medios judiciales para luchar contra la trata, se preguntarían por qué en los allanamientos no están de cuerpo presentes los jueces o secretarios, para ordenar en el momento detenciones. La Gendarmería debe dejar ir a cualquier sospechoso que allí encuentre (salvo que lo encuentre descuartizando en ese mismo instante a alguna de las mujeres, o sea, sea hallado in fraganti).

Las investigaciones previas demoran tanto tiempo, y la información se filtra de semejante manera, que muchas veces al llegar Gendarmería no se encuentran pruebas, porque los lugares son desarmados con todo el tiempo del mundo.

Las mujeres del lugar huyen al ver a los oficiales, por temor, porque mañana deberán dar de comer a sus hijos, porque no se atreven a decir qué ocurre ahí dentro, porque hay cómplices de los explotadores en la esquina, “fichando”, y nadie puede detenerlos.

Y si una mujer quiere brindar testimonio, se depende de la buena voluntad del personal del juzgado para que le tome declaración de madrugada, porque al día siguiente esa mujer ya no aparecerá por ningún lado, por voluntad propia o de su explotador.

El silencio de Trimarco

La cabeza de dos jueces no le hace ni cosquillas a los reyes de la trata. La trata de personas sigue siendo un negocio redondo en una provincia que no tiene ofrece suficientes refugios y profesionales para las víctimas.

Los millonarios subsidios a la organización que preside Trimarco, más que brindar la imagen de compromiso con la causa, dejan al desnudo que el Estado no se ha ocupado en todos estos años de hacerse cargo de la problemática, de proporcionar un sistema estatal eficiente que haga innecesaria la existencia de una ONG.

En definitiva: los subsidios (que en realidad deberían ser partidas presupuestarias para que el Estado garantice la lucha contra la trata) son el precio que el Estado paga por el silencio de Trimarco. Por su presencia en los palcos oficiales, mientras sus antiguos compañeros de marchas son reprimidos por la policía junto a Alberto Lebbos.

¿Qué es lo que da Trimarco a cambio de los subsidios? Su imagen, su década de lucha valiente y ejemplar, su rostro que es sinónimo de compromiso y su historia de mujer coraje. Que lo fue, y eso es innegable, en otros tiempos, cuando no se codeaba con lo más alto del poder político, cuando lo denunciaba.

El día en que ardió Tucumán

Trimarco salvó el Gobierno de José Alperovich de una pueblada en curso en diciembre de 2012.

El fallo que absolvió a los imputados por la desaparición de Marita fue la gota que derramó el vaso en una Provincia que ya se mostraba explosiva, disconforme con la tremenda impunidad reinante, harta de la delincuencia policial y del abuso cotidiano contra las mujeres. El riesgo, literalmente hablando, fue que se prendiera fuego todo.

Trimarco, abrazada a Alperovich y Alperovich, prometiendo “todo lo que pida” a Trimarco, lograron una paz que no llegó a durar dos meses.

El 26 de febrero, siete mil personas exigieron la renuncia de Alperovich por los siete años de encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos.

Durante todo el invierno se fueron conociendo robos, asaltos, secuestros y apremios de la misma Policía que investigó la desaparición de Marita.

En agosto, el Alperovichismo recibió la paliza electoral de su vida al perder más de cien mil votos.

En septiembre, miles de estudiantes sitiaron el centro tucumano en reiteradas oportunidades y aún mantienen tomadas las facultades. El primer reclamo: la emergencia en materia de violencia de género.

Ante todo esto, Trimarco guarda silencio.

Ninguno de los focos de incendio que Trimarco intentó apagar se disolvió. Por el contrario, estallaron más tarde. La incapacidad del Gobierno, su ceguera, estuvo en creer que el caso Marita Verón podía tomarse de manera aislada y ponerle una curita, cortando la cabeza a tres jueces.

El precio de la desobediencia

En realidad, Marita involucra una problemática más profunda: la de la corrupción policial, la incapacidad judicial, la impunidad, la violencia de género, la explotación de personas.

La ofrenda que Trimarco dio a Alperovich no significó ninguna solución a alguno de esos problemas, que continúan multiplicándose. La ofrenda fue a cambio de los jueces.

Y el Poder judicial, oportunamente designado por Alperovich, cuyos hijos fueron también designados por Alperovich y trabajan para el Poder Ejecutivo, ese mismo Poder Judicial está dispuesto a entregar a dos de sus miembros, no por haber fallado mal, sino por haber desobedecido