Fellner, quien viene trabajando intensamente por esta iniciativa desde el año 2008, subrayó especialmente que "es inaceptable que existan personas sufriendo penurias económicas y ausencias de aportes mientras sus familiares, que se encuentran en condiciones de brindarles la manutención, incumplen con la pago de las cuotas alimentarias dispuestas por la Justicia", aludiendo a casos que se detectan en todo el territorio argentino.

Cabe recordar que hace seis años se presentó el proyecto para la creación del Registro Nacional, esa propuesta no fue tratada y perdió estado parlamentario. Ya en 2010, Fellner insistió con el proyecto, el cual resultó sancionado ese mismo año por el Senado y pasó a la Cámara de Diputados. Al no ser tratado en recinto, perdió nuevamente estado parlamentario, razón por la cual en el año 2013, se presentó nuevamente la iniciativa con los aportes recogidos en el tratamiento del antecedente, no registrándose aún movimientos de que vaya a ser incluido en los planes de debate de la Cámara baja, hasta el momento.

En ese sentido, indicó que la propuesta parlamentaria "fue elaborada con la intención de servir como una herramienta eficaz tendiente a facilitar la percepción del crédito para uso de los menores y discapacitados" y aclaró que "no apunta a estigmatizar o condenar al deudor en mora, sino a limitar o reducir sus posibilidades de evasión del cumplimiento de sus obligaciones".

"Así estaremos protegiendo a la parte más débil, que está siempre en una relación desigual, esperando una ayuda que no llega, la mayoría de las veces por un acto de voluntad, no de imposibilidad", destacó.

La importancia del proyecto reside en que apunta a registrar a toda persona deudora de alimentos en mora, cualquiera sea el lugar o jurisdicción, en la que tramite el reclamo judicial. Deberá crearse un sitio en Internet con la información y la lista será publicada en el Boletín Oficial, al menos cada 6 meses.

Es decir, que todo juez o tribunal de cualquier lugar del país que intervenga en una causa judicial en la que exista un deudor alimentario, por falta de pago de 3 cuotas consecutivas o de cinco alternadas, intimada judicialmente, y que no hubiese demostrado fehacientemente su cumplimiento o justificado en debida forma las razones que lo llevan a su incumplimiento, debe comunicar tal circunstancia al Registro Nacional, sin importar si la provincia de la cual procede tiene o no funcionando un registro local, de este tenor.

Así, se busca evitar otra triste práctica advertida en distintas regiones del país, donde viene quedando expuesto que ciertos deudores alimentarios morosos, que se ven impedidos de realizar diversos actos que determina la ley, al no existir un Registro Nacional que centralice la información, simplemente se trasladan a otra provincia vecina donde no se tiene conocimiento de su condición de deudor de esta obligación clave para con los hijos.