Marcelo Etchebarne fue el ideólogo del segundo canje, el de 2010, y es uno de los abogados del país que más saben de reestructuraciones de deuda. En una columna bastante técnica publicada en Ambito Financiero, vaticinó que la Cámara de Nueva York rechazará la propuesta de pago presentada por el ministro Hernán Lorenzino.

“Los abogados de Argentina deben saber que su propuesta no es lo que el tribunal espera y que eventualmente tendrán un fallo de Cámara en contra, probablemente luego de que se corra traslado por unos días a los demandantes. En el escenario más probable esa sentencia se emitirá antes del 30 de junio”, afirmó Etchebarne.

El abogado señala que ante un fallo adverso, los abogados de la Argentina encabezados por Jonathan Blackman, ya anunciaron que no cumplirarán ninguna orden contraria al orden público nacional que dicte la Justicia norteamericana –como ordenar el pago complete de lo adeudado a los buitres-, lo que ubicaría al país en la situación de desacato de la justicia norteamericana.

Además, Etchebarne explica que el fallo de la Cámara complicará la mayor parte de los pagos a los que si entraron en los anteriores canjes, que hasta ahora la Argentina venía cumpliendo. Esto es así porque esos montos, ante un eventual desacato, quedarían expuestos a embargos de la justicia de EEUU.

“El fallo posiblemente le impida a Argentina pagar a los tenedores de bonos en dólares que ingresaron al canje en 2005 y 2010 en la forma originalmente pactada. Quizá pueda pagar a los tenedores de bonos en euros. Los tenedores de bonos en pesos estarían exentos de las medidas judiciales adoptadas en Nueva York. Los bonos en yenes por ahora están fuera del litigio. Los bonos locales en dólares que fueron emitidos internacionalmente podrían estar teóricamente alcanzados por medidas judiciales aunque con menos chanches de éxito ya que son liquidados por el sistema CRYL del BCRA”, advierte Etchebarne.

Y anticipa las consecuencias de un desacato: “Si Argentina paga a quienes ingresaron al canje en violación de una orden judicial firme posiblemente enfrente un proceso de desacato (contempt of court). Hay sólo media docena de casos de desacato que vinculan a soberanos. Existe jurisprudencia contraria entre los circuitos segundo y quinto. Esa discusión muy posiblemente termine en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. La disputa podría involucrar a personas físicas como funcionarios públicos. En un fallo reciente (Samantar v. Yousef), la Corte Suprema estableció que la protección de la ley de inmunidad soberana de 1976 de EE.UU. no aplica a funcionarios públicos”.

De manera que para este abogado, “los demandantes muy probablemente ataquen a cualquier persona física o jurídica que asista a Argentina a violar la orden. Habrá que ver sobre quienes puedan tener jurisdicción y quienes no. Incluso analistas financieros que están recomendando que Argentina viole la orden judicial podrían ser pasibles del accionar legal de los demandantes. La defensa judicial en Nueva York de cualquiera de estos ataques puede ser sumamente costosa”.

“El default de 12 años atrás sigue teniendo un alto costo para la sociedad argentina y probablemente tenga varias iteraciones más antes de tener un cierre definitivo”, concluye Etchebarne.