La camarista penal, que también integra el Consejo de la Magistratura de la Provincia, estuvo en esta ciudad participando de un encuentro con funcionarios y magistrados del Poder Judicial local. En la nota mantenida con EL TIEMPO, habló también de temas como la Ley de Excarcelaciones y el juicio por jurados, un proyecto de ley que ya cuenta con media sanción en la legislatura para ser implementado en la provincia de Buenos Aires.

Al mismo tiempo que el Senado de la Nación discutía ayer diferentes aspectos vinculados con la cuestionada reforma judicial, en Azul la actual titular del Colegio de Magistrados y Funcionaros del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, en una entrevista con EL TIEMPO, manifestaba que "no son buenas las reformas que en su mayoría se están propulsando", las cuales -supuestamente- tienden a democratizar la justicia.

"Nosotros, desde el Colegio, creemos que no había ninguna necesidad de hacer algún tipo de reformas" manifestó la Dra. Margarita del Carmen Tropiano en clara oposición a dichas modificaciones impulsadas por la presidenta Cristina Kirchner.

La funcionaria judicial estuvo ayer en Azul. En carácter de presidenta del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires -mismo cargo que años atrás el azuleño Carlos Pagliere ejerciera antes de jubilarse como juez- vino para conversar sobre diferentes temas atinentes a su función.

Lo hizo invitada por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial local, que actualmente preside el juez Juan Carlos Tato.

De esa manera, según ella misma contó, se entrevistó en el tercer piso de Tribunales con diferentes integrantes del Poder Judicial local, además de que también aprovechó la ocasión para entregar certificados a todos aquellos magistrados y funcionarios que durante el año pasado y éste asistieron a los cursos que se dictan en la Escuela Judicial.

La Escuela Judicial es una de las creaciones del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires que la Dra. Tropiano también integra, en su caso como consejera titular en representación del estamento judicial.

Cambios que "afectan a la división de poderes"

-¿La actual es una época difícil para ser juez, teniendo en cuenta los temas que se están discutiendo?

-Más que para ser juez, se ha convertido esta época en algo complicado para la República Argentina en su totalidad. Las reformas afectan, fundamentalmente, a la división de poderes.

-Si bien esas reformas que se están discutiendo son en el ámbito nacional, ¿podrían afectar de alguna manera a la justicia bonaerense?

-En la provincia de Buenos Aires, desde el año pasado, tiene media sanción una reforma también al Consejo de Magistratura. En esta reforma que se propuso y tiene media sanción de la Cámara de Senadores, además de que claramente había una disposición por la cual se alteraba el número de personas que participaba por cada sector, ese número de integrantes se alteraba de una forma absolutamente desigual.

-¿Ese proyecto que ya tiene media sanción en la cámara alta de la provincia podría convertirse en ley? ¿Incidiría en algo para eso la reforma judicial nacional?

-Según las conversaciones que tuvimos el año pasado, en la legislatura provincial no había suficientes votos como para sancionar este proyecto de ley, por lo que en principio esta reforma no prosperaría.

-De los proyectos que se están discutiendo ahora en la legislatura nacional, ¿hay alguno que sea valedero o, como se está diciendo, afectan a la independencia del poder judicial?

-Lo digo con toda franqueza, yo no he tenido el tiempo suficiente como para estudiarlos a fondo. Pero sí creo que establecer más instancias que no son ni siquiera requeridas por los pactos internacionales, como por ejemplo más Cámaras de Casación, tienden a alargar los procesos y a generar efectos contrarios a los que se pretenden. En definitiva, eso tiende a hacer menos efectivos los derechos de los ciudadanos porque, si uno tiene que reclamar ante tantas instancias, le va a ser muy difícil llegar a tener una solución final o definitiva.

-Mientras tanto, a nivel provincia de Buenos Aires, se discute que los jueces de Casación intervengan en todos los casos que ocurren en la provincia y se habla ya de la descentralización.

-Esas cámaras, que son penales, sí obedecen al doble conforme que requiere el convenio internacional. Y ya tienen una modificación: la ampliación del número de salas. Con los miembros existentes, han integrado salas de dos jueces. Con eso, en lo que hace a las causas nuevas, los procesos van más rápidos. Quizá lo que cuesta más es sacar las causas viejas, anteriores a esa modificación, en donde siguen actuando los tres miembros originales de cada sala. Además, con otra modificación que se hizo, las causas correccionales pasaron a tener como segunda instancia las Cámaras penales, con lo cual se redujo bastante el cúmulo de expedientes que había en Casación y eso sirvió para descomprimir un poco la situación.

"Más que para ser juez, se ha convertido esta época en algo complicado para la República Argentina en su totalidad. Las reformas afectan, fundamentalmente, a la división de poderes", afirmó la funcionaria judicial que también integra el Consejo de la Magistratura bonaerense.

-De todas formas, en la provincia los procesos penales siguen tardando bastante.

-Lo que piden las normas internacionales es el doble conforme. Es decir, que haya un juez de primera instancia y uno de segunda. Las medidas cautelares, como por ejemplo dejar detenida a una persona con prisión preventiva, en la provincia tienen más instancias que una sentencia definitiva. Esas medidas las revisa primero un juez de Garantías, después la Cámara, Casación y luego, con un poco de esfuerzo, llegan incluso hasta la Corte. Y esa no es tampoco una forma razonable de manejar el proceso penal, porque se hace interminable. De hecho, las instancias superiores son a veces las que menos rápidamente dan respuestas.

-En el Consejo de la Magistratura, visto desde afuera, parece que es todo un tema las conformaciones de las ternas. La impresión es que no basta con rendir bien un examen y que sí o sí el aspirante necesita apoyo político para llegar a ocupar un cargo.

-El Consejo no tiene sólo el elemento del examen. Tienen también los de la entrevista y el del perfil psicológico psiquiátrico del aspirante, que son elementos de mucho peso en las conformaciones de las ternas. Uno, en una entrevista, tiene una visión más clara de lo que el postulante piensa acerca de determinadas cosas. Y es muy amplia la entrevista que se hace. Se le pregunta sobre muchas cuestiones que tienen que ver para constatar su vocación democrática y su pensamiento en otro sentido que no sea el expresamente jurídico. Para lo jurídico está el examen.

-¿Ese tipo de elección cree que tiene que ser pura y exclusivamente potestad de quienes están en el Poder Judicial o, volviendo a la reforma judicial que se está discutiendo, también podría hacerla la gente?

-En realidad, los Consejos de la Magistratura que nacen a partir del año 1994 eran un reclamo para limitar la facultad política de que el gobernador, con el Senado, fueran los únicos que opinaran sobre quiénes debían ser nombrados en el Poder Judicial. Ese era el sistema que regía en la provincia hasta ese momento. Lo que se buscó es que se hiciera una participación de otros sectores. Y cada provincia ha elegido distintos sistemas. En otras provincias hay una participación, entre comillas, popular. Pero esa persona del común, en realidad, pertenece a un partido político. Va en la boleta de un partido político. O sea que de popular no tiene nada. Pero uno habla con la gente de las provincias donde se ha implementado este sistema y afirman que a ellos les resulta y que no han tenido problemas. Cada provincia tiene un sistema distinto y ha adoptado el que le parece más conveniente.

-¿Y en Buenos Aires cómo funciona el sistema si se lo compara con las otras provincias?

-La provincia de Buenos Aires tiene características muy distintas a las del resto del país. Por el volumen que tiene y la cantidad de cargos, que en la actualidad implica que haya más de dos mil magistrados. Por año, nosotros estamos haciendo entre treinta, treinta y cinco y, a veces, hasta cuarenta concursos. En la provincia que acabo de poner de ejemplo se hace un concurso por año. Y en Córdoba, se hacen anualmente cuatro concursos. No tiene comparación lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Ni siquiera con lo que pasa en la Nación, donde el sistema es más complicado y tiene una serie de vericuetos que, desde el punto de vista de los concursantes, son bastante cuestionables. Por ahí se anteponen entrevistas que tienen un fuerte contenido subjetivo a elementos objetivos, como puede ser la nota de un examen. La ley que acá en la provincia quedó a media sanción el año pasado introducía eso: darle un valor a la entrevista que terminaba acercándose mucho, justamente, a la parte peor que tiene el sistema nacional en materia de elección de magistrados. Por eso esperamos que esa ley no se apruebe. Nosotros lo discutimos, además de que es inconstitucional en cuanto a la forma de la composición de los representantes de los integrantes de los diferentes estamentos del Consejo de la Magistratura.

-¿Qué otras cosas objetaban de ese proyecto de ley que ya tiene media sanción en Senadores?

-No le daba prioridad a la Escuela Judicial, que depende del Consejo. La crearon legisladores en el Consejo y está funcionando. Comparadas con las que hay en todo el país, esta Escuela Judicial es única, porque va a apuntar a toda aquella preparación que el juez no recibe dentro de la carrera judicial y dentro de la preparación jurídica. Lo que hacemos en la escuela es dar cursos de ética, mediación, gestión, lenguaje e interpretación de pericias, entre otros.

-¿Eso es actualmente algo obligatorio dentro de la formación de los jueces en al ámbito de la provincia?

-Todavía no es obligatorio, pero la idea es que alguna vez lo sea, porque complementa la formación del abogado que quiere ser juez, defensor o fiscal.

EXCARCELACIONES Y JUICIOS POR JURADOS

-¿Teniendo en cuenta la normativa vigente, que opinión tiene de la Ley de Excarcelaciones?

-Hay un principio que debe asumirse definitivamente: el Código de Procedimiento contempla que esté en libertad el sujeto que está siendo sometido a proceso. Pero en general, lo que no debe ocurrir es que, además de que esté en libertad, uno le dé la posibilidad de tener tanta cantidad de instancias que hagan que esté en manos de ese mismo sujeto no terminar nunca el proceso.

-¿Y qué se debe revisar entonces para que eso no pase?

-Lo que hay que revisar es cuándo una sentencia tiene que quedar firme. Si el pacto internacional a lo que está obligando es a la segunda opinión, la sentencia ahí debería quedar firme.

-¿Hay como un abuso del recurso de apelación entonces?

-Exactamente. Un especialista muy conocido en Derecho Procesal Penal dijo hace bastante tiempo, concretamente al año de haberse sancionado el código nuestro: "La verdad, yo vendría a litigar siempre a la provincia de Buenos Aires porque no queda firme nunca ninguna sentencia". Ahora, eso cada vez se ha acentuado más. Lo acabo de decir: una prisión preventiva tiene hasta cinco instancias. Y una sentencia, teóricamente tiene que tener hasta una segunda. Han desaparecido los recursos extraordinarios, que se han convertido en ordinarios. También es cierto que, por una razón que desconozco, las Cortes han abierto cada vez más sus competencias. Se meten en muchos más temas de los que antes se metían. Sobre el sistema acusatorio que hemos copiado, que en su origen es inglés en definitiva, son muy pocos casos los que llegan a los tribunales superiores. Y las cortes de Estados Unidos, por ejemplo, se ocupan también de muy pocos casos. Acá, sin embargo, cada vez llegan más casos. Y el tema de las excarcelaciones tiene que ver con eso. Es correcto, porque es un principio constitucional amparado por las leyes internacionales, que el sujeto esté en libertad. Pero también es saludable que en algún momento quede firme la sentencia y la cumpla. Además, extender el trauma que va a ser la detención para el cumplimiento de la pena tampoco es bueno.

-¿Está de acuerdo con los juicios por jurados?

-Sí. Por un lado, creo que es bueno el juicio por jurados. La gente se sentiría mucho más conforme con el fallo de un jurado que hoy con el fallo de un juez. Y creo que la participación ciudadana haría madurar mucho y la gente tomaría las cosas con mucha más responsabilidad.

-Pero parece que fuera un gasto más para la provincia.

-Eso es aparte. Cuando me lo preguntaron, respondí que el juicio por jurados es el sistema de enjuiciamiento más caro. Estados Unidos hoy, que no lo va a sacar nunca este sistema, hace sólo un cinco por ciento de los casos. Acá también está restringido y, además, en el proyecto que tiene media sanción el sistema está puesto como opcional, lo que no es malo. Pero la implementación no es fácil, porque requiere toda una preparación, tanto de los que van a participar como jueces como de los fiscales y los defensores. Y también pensé cómo implementarlo en ciudades chicas, algo que no lo dice la ley, donde la presión mediática y de la población puede llegar a afectar con más fuerza al derecho de defensa del acusado, al no alcanzar a conformarse un jurado completamente imparcial.

EL DATO:

Junto con los cargos que ocupa como titular del Colegio de Magistrados y Funcionaros del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y en el Consejo de la Magistratura bonaerense, la Dra. Margarita Tropiano forma parte como jueza de una de las dos cámaras penales existentes en el Departamento Judicial de La Matanza.