Dos años y medio después, el Ejecutivo porteño promulgó la ley 3.706, que garantiza los derechos de miles de personas que están en situación de calle. “Esto es el resultado de una larga lucha, estamos muy contentos”, señaló a Diario Z Horacio Ávila, coordinador de Proyecto 7, una ong que trabaja en esta temática.

Según las organizaciones sociales, en la Ciudad existen 17 mil personas en situación de calle y cada año mueren por esta causa alrededor de 100. A principios de junio comenzaron con un plan de lucha y recurrieron a la Justicia con un amparo para lograr que el Gobierno reglamente la ley.

Finalmente, no hubo que esperar la acción del Poder Judicial. A través del decreto 320/2013, el gobierno de la Ciudad comenzó a saldar una deuda de casi tres años. Ahora, deberá abordar la problemática de manera más integral y también tendrá que acordar con las organizaciones sociales la metodología y fecha para la realización de un censo con un criterio mucho más amplio que el actual, que comprende sólo una recorrida durante una noche en primavera.

“Entre muchos otros aspectos, la ley amplía el concepto sobre lo que es una ‘persona en situación de calle’ incluyendo no sólo al que duerme en la vía pública, sino también a los que cobran subsidios habitacionales, se encuentran en peligro de desalojo o tienen viviendas temporarias”, indicó Ávila.

La normativa establece también el establecimiento de programas de asistencia; capacitaciones especiales para trabajadores que llevan adelante las políticas del sector; el acceso de quienes están en situación de calle a los programas de salud, discapacidad, entre otros puntos que cambiarían la situación de miles de personas, entre otros puntos.

La responsabilidad de aplicar la ley será del ministerio de Desarrollo Social porteño, que deberá “diseñar e implementar políticas, planes y programas de promoción y desarrollo social destinados a la población en situación de vulnerabilidad social, coordinando y creando espacios de consulta y participación de la ciudadanía”.

Por su parte, el Espacio Carlos Mugica, que está integrado por unas 50 organizaciones (entre ellas Proyecto 7), emitió un comunicado en el que sostuvo que “la reglamentación de esta ley es un objetivo clave en la agenda de nuestro espacio, porque entendemos que eleva el piso de derechos y garantías para quienes atraviesan una situación de alta vulnerabilidad”.