Por Christian Alberto Cao

Son países que, junto a Argentina, fueron invitados a integrar el BRICS, esto es, el acrónimo que conforma el bloque económico integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

Si bien ese modelo de integración es de carácter informal, desde 2013 está desarrollando un banco regional -Nuevo Banco de Desarrollo-, y desde 2014 financia un fondo -Acuerdo Contingente de Reservas- para ser utilizado ante eventualidades financieras.

Indudablemente este conjunto cuenta con poderío económico (algo más del 25% del producto bruto mundial), poblacional (casi el 40% de la humanidad vive en los BRICS), territorial (30% de los espacios habitables), e incluso militar, aunque con datos veraces no informados. El atractivo económico-geopolítico que ofrecen los BRICS para integrarse con ellos es muy tentador.

Sin embargo, deberíamos detenernos un instante en los aspectos extraeconómicos: el respeto por los derechos fundamentales y las instituciones democráticas.

De aquellos cinco países que originariamente lo fundaron, tres de ellos cuentan con fuertes cuestionamientos en materia de derechos humanos. Rusia recibe condenas internacionales por su invasión militar en Ucrania. La República Popular China -gobernada por un partido político único-, controla la libertad de expresión, el acceso pleno a internet y la libertad de culto, entre otros derechos fundamentales. India, por su parte, mantiene su sistema de castas, la discriminación contra las mujeres -por ejemplo, mediante la institución de la dote- o el trabajo infantil, entre otros.

Justamente, no resulta casual que la invitación de los BRICS a formar parte haya recaído en países de África y Oriente Medio, donde están cuestionadas las más básicas libertades y el respeto por las instituciones.

En cambio, del otro lado del mundo, en Europa, el requisito es inexcusable: la Unión Europea no admite Estados que no cumplan con el debido respeto a la democracia y los derechos básicos.

Paradójicamente nuestra historia en materia de integración regional es similar a la europea. En el Mercosur rige desde 1998 el Protocolo de Ushuaia de Compromiso Democrático como exigencia para todo país que pretenda asociarse. De hecho, en 2017 Venezuela fue suspendido por incumplirlo.

Argentina tiene la oportunidad de tomar un decisión clara y contundente en materia de política internacional: renovar el compromiso con aquellos que abrazan los derechos fundamentales y el orden democrático.

Esto no una opción, sino que es una imposición de nuestra Constitución nacional.

El texto supremo argentino sólo autoriza al Congreso de la nación a celebrar tratados de integración -económica, por ejemplo- con países que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Dicho de otra manera, el artículo 75 inciso 24 de la Constitución argentina invalidaría todo acuerdo de integración por vía de tratados internacionales con Estados que no cumplan con estas exigencias.

A 40 años de la recuperación democrática el mensaje debe ser claro, incluso en medio de una campaña electoral y una economía en crisis.

Para Argentina, el crecimiento económico por vía de acuerdos con bloques es importante. Pero hacerlo con países que además respeten el sistema democrático y los derechos fundamentales es indiscutible.