Sus abogados presentaron dos recursos, pero el juez achense Manuel Alvarez los desestimó y clausuró la investigación. Ahora será juzgado en los tribunales de Santa Rosa y sólo queda esperar que le pongan fecha al proceso.
Fuentes tribunalicias de General Acha informaron que Alvarez no hizo lugar a los dos últimos recursos presentados por los defensores de Bravo. En diciembre pasado, el fiscal de la causa pidió que el expediente fuera elevado a juicio, pero se presentó un recurso para insistir en su sobreseimiento. Hace algunas semanas, volvieron a entregar otro recurso de reposición en el que expresaron que el juez de transición actual, que tomó la causa con la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal, no era el magistrado natural de la causa, y por lo tanto debía apartarse. Ambos escritos fueron interpretados como una maniobra dilatoria para evitar el enjuiciamiento. Finalmente, en los últimos días, el juez no le hizo lugar a ninguno de los pedidos y elevó definitivamente el expediente a juicio.
Bravo está procesado por abuso de autoridad por haber habilitado en forma irregular el cabaret El Rancho en 25 de Mayo. En ese local nocturno fue hallada una mujer esclavizada y su propietario, Javier Ulrich, fue condenado por la justicia federal por trata de personas.
Esto tendrá también consecuencias políticas, ya que si el jefe comunal fuera encontrado culpable en el juicio, y el procesamiento quedara firme, sería inhabilitado para ejercer cargos públicos, justo en momentos en que Bravo se prepara para ir por la reelección en la intendencia de 25 de Mayo.
En tanto, hay otros dos expedientes de los varios que tiene la justicia achense en su contra que comenzarán a moverse en los próximos días. Fuentes tribunalicias informaron a LA ARENA que Bravo ya fue notificado que será indagado en dos causas penales abiertas, una de ellas durante la próxima semana.
Bravo deberá prestar declaración indagatoria el viernes 29 de abril y el 13 de mayo ante la justicia de General Acha, imputado en dos investigaciones: la primera por el "auto-robo" de su notebook para intentar acusar a un concejal de la oposición y la otra por no pagarle a los ediles que se negaban a aprobarle el presupuesto.
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