El gobierno brasileño decidió combatir la inflación y dispuso un recorte al gasto público de unos u$s 30.000 millones cifra que duplica el ajuste fiscal hecho en 2010.

Un informe oficial dado a conocer el martes indicó que la inflación en Brasil se aceleró al 0,83% en enero, frente a un avance del 0,63% en diciembre y precisó que los costos de los alimentos y del transporte fueron los que más contribuyeron en el alza de enero.

El ministro de Hacienda, Guido Mantega, sostuvo que “estamos revirtiendo todos los estímulos que fueron hechos para la economía brasileña en 2009 y 2010, cuando, por causa de la crisis internacional, el gobierno concedió exoneraciones, subsidios y aumentó los gastos”.

Mantega dijo que la reducción presupuestaria afectará a todos los ministerios al tiempo que la ministra de Planificación, Miriam Belchior, explicó que el recorte de gastos no afectará los programas sociales ni las inversiones en infraestructura.

“No es el viejo y tradicional ajuste fiscal que se hacía en el pasado, que derribaba la economía, que llevaba para la recesión y derrumbaba el empleo. Vamos a garantizar que el crecimiento sustentable tenga continuidad”, apuntó el ministro y recordó que para 2011 la meta de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) es del 5%

La presidenta Dilma Rousseff, que heredó un desorden fiscal causado por un fuerte gasto público el año pasado, necesitaba realizar los recortes para demostrar que puede restaurar la menguante credibilidad fiscal de Brasil y extender su largo período de estabilidad económica.

Salario mínimo

El anuncio de Mantega se dio en el marco de un creciente malestar sindical con la propuesta de salario mínimo presentada al Congreso por la presidenta Rousseff, que es menor al que reclaman las centrales trabajadoras.

“No estamos satisfechos con este inicio del gobierno de Dilma. Si ese va a ser su rumbo, nosotros vamos a la calle, aunque preferiríamos negociar”, afirmó ayer Paulo Pereira da Silva, presidente de Fuerza Sindical y diputado del izquierdista Partido Democrático de los Trabajadores (PDT).

Trabajadores metalúrgicos manifestaron ayer su descontento en San Pablo y convocaron a una protesta para el próximo martes en reclamo de un salario mínimo de 580 reales (u$s 350) contra los 545 reales (u$s 328) que propuso la presidenta.

La idea es dirigir la presión a los congresistas junto con organizaciones como el MST (Movimiento de Trabajadores rurales Sin tierra) y la UNE (Unión Nacional de Estudiantes), consigna la prensa brasileña.

Pero el secretario general de la Presidencia, Gilberto Carvalho, afirmó que “en el tema del salario mínimo, nosotros entendemos que no hay más negociación”.

Carvalho y el ministro de Hacienda, Guido Mantega fueron los funcionarios escogidos por Rousseff para representar al gobierno en las conversaciones con seis organizaciones sindicales, entre ellas las dos más poderosas, la Central Única de los Trabajadores y Fuerza Sindical.

“No vamos a capitular en la defensa del salario mínimo, es lamentable que la primera actitud de la presidenta (que asumió el primero de enero) sea contra los trabajadores”, declaró Wagner Gomes, titular de la Central de Trabajadores Brasileños.