Brasil anunció ayer un ajuste, destinado a garantizar el gigantesco pago de los intereses que genera su deuda pública. La tijera del gobierno parece bien afilada ya que el corte de gastos llega a 18.500 millones de dólares.

La poda, que afecta varias áreas sensibles, como defensa y reforma agraria, no perdonó siquiera la previsión social. Con esta estrategia, Dilma Rousseff y su ministro Guido Mántega creen que podrán calmar los ánimos belicosos de los financistas internacionales que amenazan desde mediados del año pasado, a través de sus calificadoras de riesgo, con rebajar la nota del país.

En un año electoral, y con la Copa del Mundo que debe ser inaugurada dentro de cuatro meses, el gobierno del Partido de los Trabajadores evaluó que para la reelección de Dilma sería más peligroso un “golpe de mercado” que las reacciones sociales derivadas de un ajuste.

Con un superávit primario “irreductible” de 1,9% del PBI, donde también estados provinciales, municipios y empresas estatales, deberán hacer su parte, en Brasilia piensan que el ahorro puede oscilar alrededor de los 40.000 millones de dólares en total.

Consistente con los recortes, el ministro de Hacienda Mántega anunció una nueva estimación del crecimiento del PBI para 2014. Será bien menos generoso que el calculado inicialmente. En vez de un avance de 3,8% como había previsto el gobierno de Rousseff a fines del año pasado, el ritmo de la evolución económica debe quedar en 2,5%.

Aún más realista, el cálculo oficialista de la expansión es mayor que la estimada por la oposición, donde se habla de 1,79%.

Mántega se disculpó ante los periodistas, en la conferencia de prensa realizada para dar estos anuncios.

“Estamos en un momento un poco difícil para hacer una previsión de crecimiento por cuenta de las turbulencias causadas por el Reserva Federal de los Estados Unidos, que retiró los estímulos económicos. Todavía es muy pronto para evaluar si ese 2,5% va a ser alcanzado o no”.

De acuerdo con el funcionario, el gobierno está decidido a “trabajar con estados provinciales y municipios para cumplir con la meta de superávit primario de 1,9%”.

Mántega alegó que en estas decisiones no pesó el año electoral, porque de ser así “habríamos calculado un superávit menor”. El tamaño del “esfuerzo fiscal”, dijo, “apunta a dar solidez a las cuentas y a reducir la inflación”.

Uno de los programas que debe sufrir con las estrecheces es el de aceleración del crecimiento o PAC; aunque en este caso la quita sufrida está en el orden de los 2.900 millones de dólares.

“Dejamos el presupuesto justo para aquello que es indispensable realizar” indicaron los funcionarios del sector. El rubro más perjudicado será Defensa.

Pese a la decisión oficial de evitar la “onda negativa” de los acreedores externos con respecto a Brasil, economistas vinculados al sector financiero dijeron no confiar en las metas que se auto impuso el gobierno.

En la visión de estos especialistas, son objetivos “flojos”. Algunos sostuvieron que si el gobierno no llega a alcanzar la meta, podrá “minar” la credibilidad. Otros se quejan de varias imprecisiones sobre cuál será la meta real de ahorro y acusan al ministro Mántega de utilizar “trucos” contables para aumentar el nivel del superávit, lo que “redunda “ en una “falta de transparencia”.

Para uno de los economistas del Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas (IPEA), que depende del gobierno federal, esa situación es “negativa”.

El experto de un banco de inversión, Sidnei Nehme, declaró que el gobierno debe entregar un “compromiso fiscal” claro. “Sólo así será validada la percepción de que hay una mejora. Si esto no ocurre, habrá un empeoramiento de la visión del país en el exterior”, vaticinó.