Referentes locales de la delegación de adultos mayores de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires advirtieron que el poder adquisitivo de los jubilados se ve fuertemente "resentido" por los índices inflacionarios que arrastra al país y consideraron que el sector es el "más golpeado" por la crisis del país.

"Los más golpeados siguen siendo los jubilados y pensionados y eso repercute en el acceso a la salud, los alimentos y a una vivienda digna. Esos son reclamos que seguimos recibiendo y con diferentes organismos estamos tratando de allanar el camino para ver cuál es la mecánica que se va a adoptar para cada petitorio", planteó a Carina Ponce, responsable de la delegación.

En este mismo sentido, la representante del organismo de órbita provincial insistió en que "todavía está muy resentido el bolsillo del jubilado" como consecuencia de la escalada inflacionaria que se acumula desde el año pasado y catalogó la sitaución actual como "bastante difícil".

De todos modos, la referente de la delegación destacó un impacto "muy positivo" de los bonos que decidió el Gobierno de Alberto Fernández para diciembre y enero y el último aumento 1500 pesos que se concedió para las jubilaciones mínimas. "Aún así, los sectores más desfavorecidos continúan con problemas", afirmó, en declaraciones a 0223.

Entre otras problemáticas que advirtó por esta fecha, la delegada de adultos mayores también señaló que continúan los "descuentos de créditos en forma abusiva por parte de entidades financieras". "Nosotros seguimos acompañando en casos particulares", aclaró.

Ponce aclaró que en Mar del Plata solamente se llegaron a recibir algunas consultas particulares tras la suba del 13% a las jubilaciones y pensiones mínimas que había definido la administración de Fernández. "Muchos se querían sacar la duda sobre la posibilidad de iniciar alguna acción judicial. La postura de la Defensoría es respetar los 180 días de la Ley de Emergencia y esperar que el Congreso sancione la nueva ley que establezca la fórmula de cálculo", indicó.

"Nosotros aconsejamos que no traten de enrollarse tan pronto en un asunto judicializado y esperar a que se vea un daño concreto en el haber previsional. Por ahora, lo que vemos es la integralidad de las medidas y le damos la legitimidad de 180 días que pide el Estado nacional para reacomodar la situación de emergencia que atraviesa el país", fundamentó.