El artículo 16 de la ley antirracista que promulgó Morales el viernes establece sanciones económicas e incluso el cierre de medios que publiquen lo que el gobierno considere “ideas racistas y discriminatorias” y el 23 fija que los periodistas y dueños de medios acusados de racismo no podrán acogerse a fuero alguno al ser procesados.

Periodistas y ejecutivos de medios han dicho que no se oponen a toda la ley, porque también están contra el racismo, sino que les preocupa que quien decida sobre los artículos polémicos sea el gobierno de Morales, que acusa de racistas a quienes se le oponen o le critican

El director ejecutivo de El Deber está en la huelga con un grupo de informadores cruceños que también realiza una campaña que hasta ahora ha permitido reunir cerca de 100.000 firmas para pedir al Congreso boliviano la anulación de los dos artículos.

En este contexto, la ONU llamó ayer a “los actores políticos y sociales de Bolivia” a trabajar en consenso en una solución al conflicto.