El Municipio procedió ayer a informar a las empresas del transporte público de pasajeros que la Justicia hizo lugar el amparo presentado por la Asociación de Usuarios y Consumidores, y que tenían 24 horas para retrotraer el costo del boleto, de los $3,75 actuales ($3,60 con tarjeta), a la anterior tarifa de $2,70. Es decir que hoy los usuarios deberían pagar $1,05 menos.

En paralelo, se tomaron decisiones relevantes de parte del Concejo Deliberante capitalino que, por unanimidad, resolvió aprobar la primera lectura de un nuevo debate para actualizar el costo del pasaje de colectivo, en esta oportunidad habilitando la convocatoria a audiencia pública (principal argumento para el fallo a favor del planteo de la Asociación de Usuarios y Consumidores).

Los concejales del Frente para la Victoria (FPV) brindaron ayer a la tarde una conferencia de prensa donde anunciaron la decisión del Departamento Ejecutivo municipal de derogar la ordenanza N°6.026 aprobada en diciembre de 2013, y que se trate un nuevo expediente de aumento del boleto contemplando el tratamiento de doble lectura y audiencia pública de por medio. Según fundamentaron, para mantener la sustentabilidad del boleto estudiantil gratuito, la accesibilidad para personas con discapacidad y el sistema de seguridad para el transporte, entre otros puntos que figuraban en la ordenanza cuestionada. El presidente del Concejo Deliberante, Ataliva Laprovitta, comentó también que acordaron “promover el proceso de doble lectura y audiencia pública con la clara intención de seguir avanzando en el proceso de transparencia y de comunicación a todos los vecinos, de todos y cada uno de los expedientes que se tramitan en este Concejo”.

Acuerdo

En una sesión que comenzó tarde y se extendió hasta más allá de las 22,30 se debatió y alcanzó un acuerdo con los representantes de la oposición para la aprobación por unanimidad la primera lectura del nuevo expediente para elevar el costo del boleto y con la habilitación de la audiencia pública. Más allá de los cruces políticos que se pujaron al momento de las defensas de las posturas, en especial la intervención de Miriam Coronel (FPV) que aclaró que no se están “rindiendo” y defendió el proceso utilizado por el cuerpo para el aumento judicializado, y que debían mantenerse la “autonomía municipal, sin embargo, destacó que lo resuelto por el intendente Fabián Ríos no era otra cosa que una “decisión política” para terminar con la incertidumbre actual que afecta a los usuarios.