Por su presunta participación en secuestros ocurridos durante la dictadura militar, en la causa que investiga el juez federal Daniel Rafecas, considera que “la tardía reacción del Gobierno demuestra claramente el intento deliberado de encubrirlo ante las fundadas sospechas de que su rol en el gobierno del doctor Saiz ha sido hasta ahora el de realizar escuchas telefónicas con propósitos políticos y tareas de inteligencia cuyos alcances ya mismo debería aclarar el propio gobernador”.

La bancada de oposición puntualizó: “La cerrada defensa que en distintas ocasiones ejercieron el ministro de Gobierno y el actual secretario de Seguridad, en torno a un funcionario que oficialmente fue contratado para elaborar un mapa del delito que el gobierno no tiene -como acaba de ser admitido- vuelca más sombras sobre un hombre que también fue denunciado ante el juzgado federal de Viedma -por un miembro de este bloque (Pedro Pesatti)- por su presunta participación en la grabación de conversaciones privadas del vicegobernador de la provincia y del intendente de Viedma”.

“Es inadmisible que el gobierno debiera esperar la presentación de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia para tomar una tibia decisión, como el de otorgarle licencia sin goce de haberes, cuando ante el solo hecho de conocer que Lorenzati está siendo investigado por su presunta participación en secuestros y desaparición de personas debió haberlo echado de inmediato. Si ello no ha sucedido es porque seguramente este hombre compromete la gestión del doctor Saiz en tareas jamás admitidas, y que se vincula con un secreto a voces: el espionaje político para el que habría sido contratado”.