Entre las modificaciones propuestas por la gestión socialista se incluyen artículos referidos a la relación del Estado con la Iglesia Católica, al régimen electoral, y al régimen municipal, a fin de incorporar la autonomía municipal y la posibilidad de establecer regiones.

El texto enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura propone la modificación de los artículos 3, "a fin de establecer la neutralidad religiosa del Estado y la libertad de cultos"; 9 y 17, referidos a derechos y garantías, "para adecuar las normas provinciales al artículo 43 de la Constitución Nacional"; y 26 para reconocer la función social del mutualismo.

Asimismo, señala la necesidad de reformar los artículos 29 y 30 "a efectos de contemplar y proteger principios y valores democráticos tales como la intransferibilidad del voto, el derecho a voto de los extranjeros, el principio de proporcionalidad para la distribución de las bancas en los cuerpos legislativos, el establecimiento de un tribunal jurisdiccional electoral, independiente, permanente y con fuero propio, el reconocimiento de los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático y el establecimiento de mayorías especiales para aprobar normas en materia de sistema electoral y partidos políticos".

El mensaje establece, asimismo, la incorporación de artículos relacionados a "nuevos derechos y garantías orientados a adecuar la Constitución Provincial a la reforma de 1994 de la Constitución Nacional; a principios y normas rectores en materia de servicios públicos; y al control interno y externo de la administración pública provincial en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros, administrativos, de legalidad y operativos, con la finalidad de que los órganos competentes que se creen o rediseñen sean independientes, eficaces e integrados por personas de acreditada idoneidad".

El texto establece, además, consagrar la "autonomía funcional, autarquía y un método adecuado para la designación de los órganos directivos", tanto del Ministerio Público de la Acusación como del Servicio Público de la Defensa ante la Justicia.

Por último, se propone incluir "mecanismos de democracia semidirecta y órganos consultivos y asesores de los poderes políticos del estado a los efectos de mejorar la participación ciudadana".