Luego de analizar la legislación aplicable, Berhongaray concluyó que la compra efectuada por el Poder Ejecutivo "no se ajusta a la normativa". "Uno de los principales temas que objeté en la reunión fue la falta de licitación para la compra del predio, porque debió recurrirse a este procedimiento y no a una compra directa". Recordó Berhongaray qque "sólo cuando el Estado necesita un bien para cumplir "fines de utilidad pública" y el Tribunal de Tasación fija el precio a pagar, puede recurrirse al "procedimiento excepcionalísimo" de la compra directa establecido en la ley de expropiaciones".

Agregó que "estas circunstancias no se verificaron en el caso del autódromo de Santa Rosa-Toay" y opinó que "de ningún modo le cabe al campo comprado la declaración de "utilidad pública" exigida por la ley de expropiaciones, porque no resulta un bien "necesario, único e insustituible". Durante la reunión, los miembros de la Comisión Pro Autódromo reconocieron que "hubo varios campos -todos de similares condiciones y precios- evaluados antes de elegir el que finalmente fue sugerido al Poder Ejecutivo" y por eso Berhongaray considera que "resultó posible adquirir indistintamente ese u otro inmueble de similares características e incluso en mejores condiciones de precio y ubicación".

"El requisito de "necesario, único e insustituible" se exige porque si el dueño no acepta vender el inmueble, el Estado puede expropiarlo y para ello necesita una declaración legislativa de utilidad pública", aclaró Berhongaray.

Más objeciones.

"También nos dijeron que el dueño del campo se plantó en un millón de dólares, lo que constituye otra violación a la ley que obliga al Tribunal de Tasación a fijar el precio a pagar por el Estado", resaltó el diputado, para quien debe tenerse en cuenta que "el precio pagado por la Provincia (3.700 dólares por hectárea) resulta muy superior a los valores actuales de campos en esa zona". "En síntesis, resultó absolutamente irregular haber sustituido el sistema normal para compras establecido por la Ley de Contabilidad y haber eliminado el mecanismo licitatorio, única posibilidad de obtener buenas ofertas y precios y garantías de legalidad", sentenció.

Al recurrir a una irregularidad "alteraron el régimen normal de compras y privaron arbitrariamente al Estado de organizar un concurso de ofertas con mejores precios".

Finalmente, Berhongaray sostuvo que "el autódromo podría construirse en General Pico" y reiteró que "el predio elegido de ningún modo reúne el carácter de único e insustituible exigido por la ley de expropiaciones para su declaración de utilidad pública". "Y tampoco se comprende -añadió- por qué se buscó el carácter de inmueble único e insustituible sólo en el corredor Santa Rosa-Toay, cuando hubiera correspondido analizar otras alternativas para construir el futuro autódromo en General Pico o alguna otra población pampeana". "En materia de automovilismo, General Pico fue siempre considerada la "Arrecifes" pampeana", concluyó el legislador.