Berhongaray es el denunciante en la causa promovida por el fiscal de investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola. En 2009 el fiscal confirmó que existieron irregularidades en la adjudicación y consideró además que la habilitación del tragamonedas de la calle Hilario Lagos fue "ilegal".

Carola denunció entonces penalmente a los funcionarios responsables por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

Ahora el legislador, alarmado por la inminencia del plazo de prescripción, instó a la titular del Juzgado de Instrucción N°7, Florencia Maza, a que "adopte urgentes medidas tendientes a evitar" esa situación. ¿Qué fue lo que hizo este año la magistrada? Recibió un escrito del ex presidente del Instituto de Seguridad Social, Miguel Erquicia, y le recibió declaraciones testimoniales a cuatro funcionarios y ex funcionarios mencionados por él: Omar Martínez Almudévar, Mario Azcárate, Atilio Carlos Gambulli y Pablo Langlois.

En la época investigada, Martínez Almudévar, actual gerente general del Sempre, era auditor del ISS; Azcárate, era gerente general de la Dirección de Ayuda Financiera para la Acción Social (Dafas); Gambulli era asesor letrado del Instituto; y Langlois era el asesor letrado de Gobierno.

"Inexplicable".

En un escrito que el diputado presentará ante la justicia mañana y al que tuvo acceso La Arena, recordó que la magistrada ni siquiera llamó a indagatoria al "único imputado en la investigación, Miguel Erquicia"; sino que lo hizo en los términos del artículo 63 del Código de Procedimiento Penal, que "no interrumpió legalmente el curso de la prescripción de la acción penal".

"Huelga decir -indicó Berhongaray- que el citado artículo acuerda a toda persona imputada de la comisión de un delito, el derecho a presentarse ante el tribunal a efectos de aclarar los hechos e indicar las pruebas que a su juicio puedan resultar útiles para la investigación".

"Es decir -añadió-, las manifestaciones vertidas por el imputado no se realizaron bajo la forma y con las garantías propias de una declaración indagatoria, motivo por el cual técnicamente no configuró ninguna de las causales interruptivas de la prescripción previstas por el artículo 67º del Código Penal".

El diputado consideró "inexplicable" que, "a pesar de que el dictamen del fiscal de Investigaciones Administrativas describió en detalle cada una de las conductas presuntamente ilícitas desplegadas por los responsables, e identificó con precisión a cada uno de los involucrados en las maniobras ilegales perpetradas en fraude al Estado, hasta el momento (la jueza) no convocó ni a un sólo sospechoso para escucharlo en declaración indagatoria".

Berhongaray señaló que, "tal inactividad posibilita que continúe corriendo el curso de la prescripción" y le advirtió a Maza que será "la única y gran responsable" en caso de que "se extinga la acción por el mero transcurso del tiempo".

Le anticipó a la jueza que, "si por su culpa, negligencia o complicidad prescribe la acción penal, beneficiando con la impunidad las groseras irregularidades que perjudicaron a la Provincia y a los pampeanos, estará realizando actos que seguramente encuadren en las causales previstas por la Ley Nº 313 para la remoción de magistrados por un jurado de enjuiciamiento". Por eso adelantó que su postura "en tal supuesto, no será otra que la de exigir el cumplimiento de la ley e impulsar la formación de un jury para que juzgue la actitud de acción por omisión" de Maza.