Beneficiarios de tarifa social de luz crecieron en mayo 20%

Beneficiarios de tarifa social de luz crecieron en mayo 20%

Hay 125 mil mendocinos que conservan los subsidios eléctricos, contra 105 mil de hace un mes. en lo que va de junio el costo subió otro 5%, y ya acumula casi 50% desde diciembre.

A principios de mayo eran casi 105.000. Pero en el transcurso del último mes la cantidad de usuarios mendocinos que lograron acogerse al beneficio de la tarifa social y les permite quedar al margen de las subas en la tarifa de la luz trepó a 125.000. Es decir, casi un 20%más, a fuerza de la incorporación de jubilados y trabajadores que ganan menos del mínimo. 

Esa cifra, de acuerdo al registro del Epre (Ente Provincial Regulador Eléctrico), significa que actualmente 1 de cada 4  de los 450.000 usuarios de energía eléctrica del Gran Mendoza ya cuentan con la ayuda que conlleva mantener los subsidios a la tarifa. Una relación que puede seguir en alza. 

De hecho, la cantidad de consultas en ese sentido sube sin cesar. “Han aumentado mucho a través de la página web. Sólo en el último mes fueron más de treinta mil”, informaron desde el Epre. 

Cabe recordar que, entre otras condiciones (monotributo social, discapacidad, contar con planes sociales) la exigencia para obtener la excepción es contar con el doble del  haber mínimo. En el caso de las jubilaciones, $9.918 desde marzo último, en tanto que para los asalariados implica no ganar más de $12.120, una cifra que se ajustará con el correr de los meses. 

Es que ahora el Sintys (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social), que a partir del cruce de datos debe aprobar las incorporaciónes al padrón de tarifa social aunque no está facultado para aplicar tarifa especial, debe esperar que se oficialice el nuevo haber mínimo acordado por el Consejo del Salario. 

Si bien se había anunciado hace tiempo, el organismo confirmó que  aún no se flexibilizan las condiciones de acceso, lo que le da más entidad al crecimiento del padrón. Y aunque el grueso  son nuevas incorporaciones, muchos pasaron también a ser identificados con DNI (desde que se fijaron los requisitos actuales lo estaban solamente un 50%),  a diferencia del número de medidor o Nic, su registro como clientes. 

Con idéntico criterio de selección que en el servicio eléctrico, el Sintys también interactúa con Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas) para monitorear el otorgamiento de la tarifa social a usuarios de gas natural. Hasta los últimos días de mayo, la cifra de exceptuados en ese servicio rondaban los 100 mil. 

Pero además hay un componente que puede complicar aún más el impacto inflacionario del encarecimiento del suministro, y que vincula a la energía eléctrica y el gas. Es que el fluido es un componente termoeléctrico determinante en la tarifa, algo que explica que una suba del gas impacte también en la luz. 

“Si no hay gas es mucho más caro, al menos ocho veces, generar con líquido combustible. Además, al producir un mayor desgaste, se reducen los tiempos entre los mantenimientos programados y se incrementa todavía más el costo final”, explicó un experto. 

Luz: otro 5% en junio 

Y si de alzas se trata, la tarifa social adquiere todavía más valor en el contexto actual. Es que, mientras sigue indefinido el futuro de los cuadros que debería reformular Enargas, casi imperceptiblemente el costo de la electricidad domiciliaria en Mendoza  se incrementó un 10%en las facturas, y el doble para el VAD (Valor Agregado de Distribución) que mide ingreso de las distribuidoras. 

En medio de la polémica por las exorbitantes subas para el gas, junio sumó otro 5% a una variación idéntica aplicada en marzo. Es parte de una secuencia de ajustes trimestrales pautada hasta junio del 2017, de la cual aún restan otras dos, entre setiembre y diciembre, para completar 2016. 

Desde la ONG Protectora, hoy centrada en la pelea judicial por el amparo que redujo las subas del gas del 700% al 80% en Mendoza, cuestionan la metodología de ajuste. 

Para el abogado José Luis Ramón, “hay un control formal del Epre. Pero desde la audiencia pública de 2015 planteamos la nulidad, porque no puede considerarse sólo el interés del privado. El Gobierno, hasta ahora, se había sacado de encima el tema tarifa social, que era otorgada por las distribuidoras”. 

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