Por Rafael Mathus Ruiz

NUEVA YORK.- El gobierno de Barack Obama llevará la pelea por la política de inmigración de Estados Unidos hasta el máximo tribunal del país, la Corte de Suprema de Justicia, que volverá a tener voz en uno de los temas políticos más candentes de los últimos años, tal como ocurrió con el matrimonio gay y la reforma del sistema de salud.

El Departamento de Justicia anunció que apelará un fallo de la Corte de Apelaciones del 5° Circuito de Nueva Orleans, conocido anteanoche, que confirmó una suspensión impuesta por un juez de Texas a un decreto de Obama, firmado hace un año, que buscaba proteger de la deportación a casi cinco millones de extranjeros indocumentados.

Ese decreto fue el último intento de la Casa Blanca por resolver la situación de los inmigrantes que viven sin una residencia legal en Estados Unidos, ante los fallidos intentos de conseguir una reforma migratoria integral en el Congreso, bajo control de los republicanos desde 2010. El último proyecto de ley naufragó en 2013, en la Cámara baja, ante la oposición de la facción ultraconservadora vinculada al movimiento Tea Party.

Tras las últimas elecciones legislativas del año anterior, y ya con su legado en mente, Obama había decidido avanzar con esa medida ante la presión de activistas y líderes hispanos, tras ganarse el mote de "deportador en jefe", que comenzó a circular cuando se supo que durante sus dos mandatos fueron expulsadas del país más de cuatro millones de personas.

Obama buscó frenar esa cruda estadística. Pero su decreto nunca llegó a ser implementado porque los republicanos la frenaron con una demanda en la Justicia iniciada por Texas, a la cual se sumaron otros 25 estados. Debido a la sensibilidad de la disputa, y a que se trata de una disputa entre estados y en contra del gobierno federal, se espera que la Corte Suprema tome el caso. La sentencia final podría llegar en el verano boreal del año próximo, justo cuando la campaña presidencial ingrese en su tramo final.

En su demanda, los republicanos acusaron a Obama de exceder sus facultades presidenciales, un argumento que la Casa Blanca rechazó de plano, al sostener que la ley y la jurisprudencia respaldan la decisión presidencial.

El decreto permitía a las agencias federales a diferir la deportación, otorgar una residencia temporal y un permiso de trabajo por tres años a inmigrantes indocumentados, padres de ciudadanos norteamericanos, siempre y cuando no tuvieran antecedentes penales serios. Además, ampliaba los beneficios otorgados por otro decreto, de 2012, a los llamados "dreamers", los jóvenes indocumentados que llegaron de niños con sus padres y crecieron en el país, y se sienten, como ellos dicen, "norteamericanos en todo, salvo en los papeles".

En los hechos, ambos decretos conjugaron una reforma migratoria por decreto que estrechó la relación de los demócratas con la comunidad latina, clave en las elecciones presidenciales, y despertó la furia de los republicanos, que acusaron a Obama de otorgar una "amnistía" y de avasallar los límites que impone la Constitución a sus facultades presidenciales.

Ayer, demócratas y republicanos reciclaron las diferencias que han dominado el debate político sobre el futuro de los 11,3 millones de inmigrantes que aguardan desde hace años por una reforma migratoria que les brinde un camino hacia la ciudadanía.

Josh Earnest, vocero de la Casa Blanca, defendió el decreto de Obama al afirmar que la decisión de los republicanos de frenarlo en la Justicia sólo perpetúa un sistema que "resulta en más familias divididas". El líder demócrata en el Senado, Harry Reid, calificó la decisión del tribunal de segunda instancia como una "maniobra política" que ignoró la jurisprudencia a favor del presidente.

Hillary Clinton, amplia favorita para capturar la nominación presidencial de los demócratas y buscar la Casa Blanca el año próximo, dijo que espera que el caso reciba "una audiencia justa y expeditiva ante la Corte Suprema".

Los republicanos, como era de esperarse, elogiaron la decisión de la Corte de Apelaciones. El procurador general de Texas, Ken Paxton, figura estelar de la demanda iniciada en contra de los decretos de Obama, dijo en un comunicado que el fallo confirmaba que el presidente "debía seguir la ley, como todos los demás".

"La decisión de la Corte de Apelaciones es una victoria de la Constitución y el pueblo norteamericano", dijo el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Bob Goodlatte.