La polémica por el basural a cielo abierto de Río Gallegos volvió a escalar con fuerza en las últimas horas. En apenas un día, vecinos autoconvocados reunieron más de 600 firmas para exigir el cierre definitivo y traslado del vaciadero municipal, en un contexto marcado por denuncias ambientales, versiones cruzadas y un histórico manejo de fondos públicos que hoy vuelve al centro del debate.

El reclamo, que se intensificó tras un tenso cruce en pleno centro de la ciudad, apunta no solo al impacto ambiental y sanitario, sino también a la falta de respuestas concretas pese a los millonarios recursos que recibió el Municipio a través del programa GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos).

Reclamo vecinal en alza y denuncia ambiental en marcha

La recolección de firmas comenzó el sábado en la intersección de Kirchner y San Martín, donde un grupo de vecinos encabezado por Alejandro Pereyra impulsó el pedido de cierre y traslado del basural hacia Punta Loyola. La iniciativa ganó rápidamente adhesión y continuará en los próximos días, con el objetivo de presentar una denuncia formal ante la Secretaría de Ambiente.

El conflicto se visibilizó aún más tras un fuerte intercambio en vivo entre vecinos y el dueño de Nueva Santa Cruz, la empresa que tiene la concesión de la planta de separación de residuos que funciona dentro del predio del vaciadero. Pereyra, que inició sus reclamos para que trasladen el basural durante el verano, cuando la propagación de moscas en Río Gallegos llegó a uno de sus puntos más álgidos, denunció que la planta de tratamiento “no funciona con normalidad” y aseguró que cuenta con registros audiovisuales que respaldan sus dichos. “Una vez al día sale un camión hacia la disposición final, pero la planta está parada”, afirmó.

En ese momento, Artieda intervino y desmintió las acusaciones, lo que derivó en un intercambio cargado de tensión frente a la cámara de La Opinión Austral. “Te invito a que la vengan a ver”, respondió, mientras los vecinos insistían en que “la realidad la sufren quienes viven cerca del basural”.

Videos, inspecciones y versiones cruzadas

La polémica se da en paralelo a una inspección reciente de la Secretaría de Ambiente provincial, que constató el estado crítico del vaciadero municipal e intimó al Municipio a sanear el predio en un plazo de diez días.

Luego de la inspección oficial y del enfrentamiento con vecinos, la planta recicladora difundió videos en los que se muestra el predio saneado y un camión trasladando residuos hacia el relleno sanitario.

Sin embargo, vecinos aseguran que ese traslado no ocurrió en la práctica y que las imágenes no reflejan la situación real del lugar. Denuncian acumulación de residuos, proliferación de insectos —especialmente durante el verano— y un impacto directo en la salud y calidad de vida.

Fondos millonarios del GIRSU y obras que nunca se completaron

El trasfondo del conflicto expone una cuestión aún más sensible: el destino de los fondos nacionales destinados a resolver el problema.

El programa GIRSU fue creado para erradicar basurales a cielo abierto, promover la economía circular y financiar sistemas de tratamiento y disposición final de residuos.

Fosa de decomisos animales muertos y ataúdes.

Por la Resolución N° 198 de la Jefatura de Gabinete de la Nación, se aprobó un primer desembolso de más de $25 millones el 30 de diciembre de 2013 para el Municipio de Río Gallegos que encabezaba Raúl Cantín. Un valor que actualizado a hoy equivale a unos $30.200 millones (según IPC).

Sin haber rendido esos fondos, el Municipio solicitó, en marzo de 2015, una ampliación por más de $59 millones.

Y en octubre de ese mismo año, ya con Pablo Grasso como intendente tras la renuncia de Cantín, se concretó un segundo desembolso por más de $34 millones (equivalente a otros $13.700 millones más). Esto equivale que a valores actuales, el Municipio embolsó más de $43 mil millones y pese a eso, nunca ejecutó la obra.

A pesar de estos recursos, la obra adjudicada a la empresa Edisud S.A. se ejecutó en menos del 30%, dejando inconclusa la infraestructura necesaria para erradicar el basural a cielo abierto.

Este derrotero administrativo y político dejó un saldo concreto: los recursos existieron, pero la infraestructura prometida nunca se materializó.

El caso incluso derivó en consecuencias judiciales: en 2019, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó procesamientos por administración fraudulenta contra exfuncionarios, entre ellos el exintendente Cantín, en el marco del manejo de fondos GIRSU.

Promesas incumplidas y un problema estructural sin լուծución

El traslado del vaciadero ha sido anunciado en reiteradas ocasiones a lo largo de los años, sin que ninguna de esas promesas se concrete:

- En 2019, durante la gestión de Roberto Giubetich.

- En 2022, mediante un acuerdo con la empresa CGC que incluyó un aporte de USD 5 millones.

- En 2023, cuando el intendente Pablo Grasso aseguró que el proceso comenzaría en agosto.

A la fecha, el avance es mínimo. Solo se traslada un volumen reducido de residuos a un relleno sanitario que también presenta deficiencias, mientras el basural continúa operando en condiciones críticas.

Actualmente, Río Gallegos genera más de 140 toneladas de residuos diarios, que incluyen desechos urbanos, animales muertos y efluentes, gestionados de manera precaria y a cielo abierto.

El argumento del Municipio, que atribuye la falta de traslado a un conflicto con la provincia basado en una cautelar de 2015, no logra disipar las dudas sobre la ejecución de los fondos ni responder a una demanda que crece.

Con una denuncia ambiental en camino y el respaldo de cientos de vecinos, el conflicto vuelve a instalar un interrogante central: cómo, pese a los recursos disponibles y los años de promesas, Río Gallegos sigue sin una solución estructural para la gestión de sus residuos.