Crece la polémica por la potestad que se arrogó la Provincia de desembolsar recursos de la renegociación petrolera a los municipios en función de la presentación de proyectos. El secretario de Gobierno de Bariloche calificó como una “extorsión” y un “apriete” la medida, y anticipó a ANB que se analiza presentar un reclamo judicial. El oficialismo también llevaría el tema al Concejo.
Como un “condicionamiento insólito” y una “extorsión”, calificó el municipio de Bariloche la decisión del Gobierno rionegrino de transferir los recursos coparticipables a los municipios del bono surgido de la renegociación de los contratos petroleros. Tal medida -como anticipó ANB la semana pasada-, fue adoptada por el oficialismo “albertista” en la Legislatura, con una modificación de último momento al proyecto tratado en la última sesión del año del Parlamento.
En el caso de Bariloche se trata de 13,8 millones de pesos -correspondiente al porcentaje de coparticipación-, que ahora sólo llegarían a las arcas municipales tras la presentación de proyectos de obras públicas, y luego de la evaulación de la Provincia.
La decisión fue defendida por la legisladora Arabela Carreras (ver nota aparte), quien justificó que, de esa forma, se garantizará que los recursos sean utilizados para financiar obras, y no se destinen a financiar gastos corrientes, como el pago de sueldos.
“Es muy obvio y muy grosero que se trata de un intento de disciplinamiento de los municipios; un apriete y una extorsión”, respondió ayer el secretario de Gobierno de Bariloche, Daniel Natapof, quien dijo coincidir con los cuestionamientos realizados por el legislador del bloque Néstor Kirchner, Martín Doñate.
Natapof pidió que Carreras “se acuerde un poco más de su ciudad, y deje de pelear por los intereses del grupo que integra. Su posicionamiento político es cuestión de ella, y es siempre materia respetable, pero no me parece que por el afán de obsecuencia de prive al municipio de lo que le corresponde, y se pretenda instalar este condicionamiento insólito”, agregó en diálogo con ANB. Incluso, le respondió que "salir a defender esta propuesta extorsiva, hablando de Bariloche, es una caradurez".
En ese sentido, el titular de la cartera política del municipio, adelantó que se está estudiando la posible judicialización del tema, y que se convocaría al resto de los intendentes que también se verían perjudicados por la medida. De hecho, un total de 22 jefes comunales suscribieron un día antes del tratamiento del proyecto de renegociación de los contratos petroleros, un comunicado con duras críticas a la gestión de Alberto Weretilneck en torno al tema. En ese contexto, la Intendenta de Bariloche, María Eugenia Martini, había señalado que “no se puede gobernar de espaldas a los Intendentes”.
“Estamos analizando el desde el punto de vista jurídico. Es un intento es muy obvio de condicionar a los municipios en función de la entrega de fondos. Desde el punto de vista institucional es muy serio por lo que representa”, señaló ahora Natapof.
En tanto, el bloque de concejales del oficialismo llevaría el tema al debate del cuerpo legislativo local. A través de un proyecto de comunicación, el Frente para la Victoria -cuya bancada preside Alejandro Ramos Mejía-, buscaría cohesionar una postura crítica a la decisión de la Provincia.





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