El proyecto de pase a disponibilidad de más de 20.000 empleados públicos rionegrino es el principal proyecto de la sesión legislativa de hoy.

El rechazo de los gremios estatales se manifestará con una convocatoria frente al edificio parlamentario, pero el oficialismo dispone de los votos suficientes para su aprobación. La sesión empezará a las 10 y el peso de ambas fuerzas explica la presente tensión.

La iniciativa establece el estado de disponibilidad por 180 días hábiles del personal del Ejecutivo –salvo docentes, policías y penitenciarios– e invita a adherir a la Justicia y la Legislatura (que se sumará, según adelantó Alberto Weretilneck).

En ese lapso, una "Comisión de Transparencia" aprobará los nuevos organigramas, asignará funciones a cada agente y aquellos que no las tengan quedarán en disponibilidad, perdiendo su vínculo laboral si no logran reubicarse en otras áreas estatales.

Ayer, el gobierno insistió en la búsqueda de atenuar el impacto del proyecto. El gobernador Carlos Soria reiteró que "no perjudicará a ningún trabajador".

"El 94, el 95 ó el 98 por ciento son empleados que trabajan, son útiles y me van a ayudar a gobernar. Se van los vagos, no los laburantes", dijo en declaraciones a LU19. En la misma entrevista acusó a los sindicalistas porque hablan de "echar a empleados públicos en forma indiscriminada".

"Hablan para hacerse notar, nunca trabajaron. Hay que ver en qué autos andan, cómo se empilchan, hay que ver lo que gastan", desafió.

Al margen de esos embates, ayer por la tarde reactivó contactos telefónicos con el titular de UPCN, Juan Carlos Scalesi, quien también se habría reunido con el presidente del bloque oficialista, Carlos Peralta.

Soria agregó que el proyecto pretende "blanquear la situación de cada empleado público" y entendió que está en línea con la demanda de "sintonía fina" planteada ayer por la presidenta Cristina Fernández.

Luego explicó que pretende "depurar y organizar la administración pública, eliminar la burocracia paralizante, la burocracia que sólo pone obstáculos y poner la provincia en el rumbo del desarrollo, del crecimiento, con todo el personal que la provincia necesita, que son aquellos que históricamente han trabajado".

Los bloques opositores ya adelantaron su rechazo a la iniciativa, que también dispone que el gobierno podrá rescindir o renegociar "los contratos, sean de obra, de servicios, de suministros, de consultoría y/o de cualquier otro tipo" que fueron celebrados antes del 10 de diciembre de 2011.

En ese sentido, se prevé facultar a la Comisión de Transacciones Judiciales para que adopte "las medidas que fueren necesarias para la determinación, verificación y/o reestructuración de las acreencias, judiciales o extrajudiciales". (AV)