Hasta el momento, ya son nueve las designaciones objetadas y una de ellas, la de la subsecretaria de Educación, Claudia Peirano, terminó con su renuncia antes de asumir en medio de un escándalo tras fuertes presiones del estudiantado, que criticó sus lazos personales y profesionales con empresas vinculadas con el lucro en la educación.

Ello, pese a ser respaldada públicamente por Bachelet y el futuro ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre. En su reemplazo fue nombrada la joven ingeniera Valentina Quiroga.

En tiempos de Google y Twitter, la propia ciudadanía chilena, además de la prensa y los distintos movimientos sociales, fue la principal fiscalizadora de los nuevos nombres, sacando a colación desde oscuros antecedentes comerciales hasta opiniones comprometedoras a través de las redes sociales.

Esta semana, la supuesta tregua veraniega que tendrían Bachelet y su equipo, entre el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el diferendo marítimo con Perú y el cambio de mando del próximo 11 de marzo, se vio interrumpida por la amenaza de crisis, con una reunión de emergencia entre los partidos de la Nueva Mayoría.

"La agenda de febrero está siendo menos apacible de lo que esperábamos", reconoció el vicepresidente de la Democracia Cristiana, Fuhad Chahín.

Otro de los cuestionados es el flamante subsecretario de Bienes Nacionales, el radical Miguel Moreno, quien debió enfrentar a la justicia hace un par de años por manosear a una mujer en el subte de Santiago.

A él se suman el subsecretario de Agricultura, el democristiano Hugo Lara, querellado por delitos económicos, y el intendente de la región de Tarapacá, el socialista Mitchel Cartes, imputado por cargos en un sumario administrativo durante su paso por el Ministerio de Obras Públicas en el actual gobierno del presidente Sebastián Piñera.

Asimismo, se agregó ayer el caso del futuro subsecretario de servicios sociales, Juan Eduardo Faúndez, sumariado por irregularidades en el pasado gobierno de Bachelet.

También se le exigen explicaciones a la subsecretaria designada de Fuerzas Armadas, Carolina Echeverría, hija de un capitán de ejército acusado de torturas y vejaciones durante la dictadura.

"El equipo de gobierno no puede seguir cometiendo estos errores", dijo, con fastidio, el senador socialista Juan Pablo Letelier.

La prensa chilena también reveló las deudas que mantienen con el sistema de crédito universitario dos futuras ministras y un intendente del gobierno electo.

De acuerdo con fuentes del conglomerado opositor que conforma la Nueva Mayoría que llevó a Bachelet al poder, la reserva con la cual se manejó el nombramiento de ministros y subsecretarios atentó contra una adecuada revisión de los antecedentes de los funcionarios designados.

De la misma forma, se critica directamente a dos de los colaboradores más cercanos de la ex secretaria general de ONU-Mujeres, los futuros ministros del Interior, Rodrigo Peñailillo, y de Hacienda, Alberto Arenas, catalogados por altos dirigentes de los partidos políticos como una suerte de "guardia pretoriana" de la futura mandataria, y responsables directos de la nominación de autoridades, cuestionada por su improvisación y desprolijidad.

Según trascendidos, varios de los políticos cuestionados podrían ser desplazados el 24 de febrero, fecha en que Bachelet y su equipo vuelven de vacaciones. "Se cuestiona la idoneidad de las designaciones y las autoridades electas están ausentes. Es un mal inicio", criticó el analista político Patricio Navia.

"Se está exagerando la nota. Parece que ahora hay que ser monje para ejercer un cargo público", replicó con ironía el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade.

NOMBRAMIENTOS BAJO LA LUPA

Michelle Bachelet - Presidenta electa de Chile

Las investigaciones ya hicieron "caer" antes de asumir a la subsecretaria de Educación, Claudia Peirano, y se cree que Bachelet desplazará a varios de los potenciales funcionarios cuestionados

La "guardia pretoriana" de Bachelet, Rodrigo Peñailillo y Alberto Arenes, fue cuestionada por su improvisación