La nueva ley consagra una financiación estatal a los partidos de 6.000 millones de pesos (8,7 millones de dólares) anuales entre las agrupaciones legalmente constituidas y que cumplan con las nuevas exigencias a nivel de transparencia.

Un 20% del total corresponderá a un aporte básico que se dividirá entre los partidos, mientras que el resto se entregará de acuerdo a la representación parlamentaria o votos conseguidos en los últimos comicios.

Bachelet afirmó que “las normas que hoy día promulgamos establecen un conjunto de medidas que imponen obligaciones y límites muy precisos a la actividad partidaria y electoral, entre otros aspectos, transparentando y democratizando la vida interna de los partidos y eliminando definitivamente el poder del dinero del financiamiento electoral”.

La nueva ley fija un financiamiento estatal para los partidos políticos, prohíbe los aportes de personas jurídicas o empresas y rebaja el límite del gasto electoral, aunque mantiene los aportes anónimos con la denominación de “aportes menores sin publicidad”.

También, se fijan nuevas limitaciones para la propaganda electoral y la pérdida de escaños a quienes cometan infracciones graves a la ley electoral. 

La presidenta añadió que “a partir de ahora, con estas nuevas leyes, las reglas del juego de la política chilena cambiaron; son más exigentes, más transparentes, con pérdidas de escaño para quienes cometan delito. Las empresas ya no van a poder financiar a candidatos, entre otras prohibiciones”.

La presidenta cerró su discurso remarcando: “No queremos para Chile una política que se hace o a espaldas de la gente o que pueda verse contaminada con el dinero; no queremos que triunfe el que pone más carteles o el que contrata más brigadistas; no queremos que en los partidos las designaciones se hagan a dedo, ni que existan barreras para los que quieran trabajar desinteresadamente por su país; no queremos que las mujeres y los jóvenes queden fuera del liderazgo político”.