Afirmó que parte del escrito con los recursos extraordinarios interpuestos fueron incluidos en el fallo de la Corte Suprema. Sostuvo que el pronunciamiento fue prácticamente un reto para los camaristas que no evaluaron debidamente el caso. Atento a que consideraron los delitos que se le imputan a Lona como delitos comunes y no de lesa humanidad por lo que se lo sobreseyó y además dictaron la prescripción de la causa.

Avila, señaló que la Nación hace dos años por intermedio de la Secretaría de Derechos Humanos interpuso el recurso extraordinario ante la Corte de Justicia de la Nación, a efectos que se revoque esa sentencia contraria a derecho que favoreció al ex juez Federal Ricardo Lona, ya que desconocía la jurisprudencia nacional imperante en la materia. Específicamente que los delitos de incumplimiento y omisión de investigar no son autónomos, sino conexos a la propia Masacre de Palomitas y por ende eran y son delitos de lesa humanidad. Y reafirmó que en este caso inclusive consideramos que Lona tuvo una participación mayor en el hecho. También interpusieron recursos Elia Fernández Alonso, representada por Daniel Tort y el fiscal General de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, José Pérez.

La decisión fue celebrada por las diferentes organizaciones sociales de derechos humanos de la provincia de Salta. Avila, quien es actualmente concejal por la Capital salteña, en representación del Frente Plural Memoria y Movilización Social (FPMMS) sostuvo que el fallo es un logro de la política implementada por el ex presidente Néstor Kirchner y la actual Presidenta Cristina de Kirchner, de lograr Verdad, Memoria y Justicia, transformando en política pública el reclamo y las exigencias de justicia de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, de familiares de detenidos y desaparecidos y de familiares de víctimas del terrorismo de Estado.

Otros jueces

Además de Lona, la Justicia lleva adelante otras investigaciones en contra de jueces federales comprometidos con los delitos de lesa humanidad. Entre ellos el ex juez Manlio Martínez de Tucumán, por su participación en la muerte de cinco montoneros y colaboracionista del general Acdel Vila, del Operativo Independencia; el caso del juez Víctor Brusa de Santa Fe, que fue condenado a 21 años de prisión por su participación en desapariciones forzadas; ex juez Federal Miguel Angel Puga, de Córdoba, acusado de no haber investigado el fusilamiento de 29 presos políticos, entre otros.

Avila en este aspecto sostiene que se confirma con ello que en los delitos de desaparición de personas durante la dictadura se incluye un aspecto elemental para su tipificación que es la negativa del Estado de investigar. Por ende el Poder Judicial cumplía en la dictadura un perfil esencial pues garantizaba las actuaciones impidiendo la investigación de los delitos.