El proyecto para “cambiarle la cara” a la Justicia, está listo para hacer su primera incursión en el recinto, aunque todavía faltan cerrar algunos acuerdos políticos. La idea del oficialismo es que hoy se debata la modificación al reglamento del Consejo de la Magistratura que envió el gobernador, Alfredo Cornejo. Este texto pretende cambiar la forma en la que se eligen los magistrados.

Para esto, ayer los senadores radicales terminaron la primera etapa de debate y firmaron el despacho del proyecto, lo que lo deja listo para tener una primera aprobación, en el camino para ser ley.

Pero la premisa es que el proyecto, que generó ruido en el interior del Poder Judicial, salga con acuerdo, por lo que la mirada se corre por estas horas al Partido Justicialista (PJ), que definirá si está dispuesto a discutirlo hoy, o si el debate se estira una semana más.

Según contaron, si bien hay una base de acuerdo en cuanto a la idea de poner en igualdad de condiciones a “los abogados de la calle”, que provienen de la actividad privada, con los del interior del Poder Judicial, también hay objeciones por la “discrecionalidad” que prevé el proyecto.

De allí que ni bien firmado el despacho (el PJ no suscribió) comenzaron las rondas de consulta con la dirigencia del peronismo, por un lado, y con los senadores, por el otro. Hasta ayer, una de las opciones era darle libertad a cada legislador para votar según su criterio, ya que “hay muchos abogados con observaciones propias”.

La idea, en general, tiene el visto bueno del partido opositor. En este sentido, en el oficialismo han explicado que el 98% de los magistrados proviene del seno del Poder Judicial. Es decir, los jueces, fiscales, defensores oficiales y camaristas de distintos fueros son personas que “hacen carrera” dentro del mismo Estado.

Ventajas y aportes

El alto porcentaje se explica por las ventajas que tienen los estatales a la hora de desarrollar un “perfil académico”, diferencia sustancial con el abogado privado. Los primeros cuentan con días de licencia por examen, un sueldo fijo, horas libres por la tarde, y un antecedente, dentro de la misma Justicia, que es considerado en la nota que pone el Consejo de la Magistratura.

La idea es cambiar este aspecto y que la “carrera académica” no sea preponderante en la tabulación de la nota. En este punto, hay acuerdo.

Lo que el PJ observa es que, en la reestructuración del puntaje, se amplía al 60% la nota que pondrá el Consejo de la Magistratura, instancia final a la que se somete el postulante.

Primero pasa por una comisión evaluadora que, de convertirse en ley el cambio, ya no pondrá más nota, sino que dirá si está aprobado o desaprobado. “El radicalismo tiene mayoría ahí”, hicieron notar en la oposición con respecto al último paso.