Por el avance en la regularización de los lotes 55 y 14 se dispuso una nueva prórroga

Por el avance en la regularización de los lotes 55 y 14 se dispuso una nueva prórroga

A través del trabajo llevado cabo, en forma conjunta, entre la Provincia y Nación, la comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dispuso una nueva prórroga al estado Argentino, en el caso internacional de Lhaka Honaht, por las acciones realizadas en virtud de las recomendaciones del organismo internacional.

 

La comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de su secretaría Ejecutiva informó, mediante una nota dirigida al Gobierno nacional, la concesión de una prórroga de tres meses, a raíz del trabajo llevado a cabo en los lotes 55 y 14, en forma conjunta entre la Provincia y Nación, como así también, de los proyectos de obras y de los trabajos de mensuras.

La Provincia a través de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), dependiente del ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, viene realizando un trabajo en territorio, tendiente a la regularización territorial de los lotes, logrando los acuerdos de partes entre comunidades aborígenes y familias criollas.

 

Esta nueva prórroga se fundamenta además por el compromiso del Gobierno Nacional, a través de la firma de un convenio celebrado en la localidad de Dragones, con el gobernador Juan Manuel Urtubey. Dicho documento expresa la construcción de cinco pozos de agua, 25 viviendas para familias criollas, 300 viviendas para comunidades aborígenes, una escuela, un puesto sanitario, un playón deportivo y obras de electrificación, como así también, el trabajo de mensura para 129 lotes.

Cabe destacar que mediante el decreto N° 1.498 del año 2014, el gobernador Urtubey transfirió 643.000 hectáreas, de las cuales 400.00 fueron destinadas en carácter de propiedad comunitaria a las comunidades aborígenes y las 243.000 hectáreas restantes, en condominio, a 463 familias criollas.

Durante este proceso de cumplir con las recomendaciones de la CIDH, el gobierno provincial trabaja además, en forma articulada, con la Defensoría General del ministerio Publico, a través de sus asesores itinerantes que brindan asistencia a las familias criollas en casos de juicios sucesorios; con el ministerio de Seguridad, para el control y prohibición de puesta de alambrados en zonas sin resolución y con asistencia técnica de la Fiscalía de Estado.

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