El avance de la demanda por el Atuel y las responsabilidades en el Megaestadio

El avance de la demanda por el Atuel y las responsabilidades en el Megaestadio

En la columna editorial de todos los lunes -La Arena Jorgista-, un repaso por los temas más importantes de la semana que pasó: la aceptación de la Corte de la demanda pampeana por el corte del Atuel y un nuevo capítulo en el caso del Megaestadio.

 

Una de cal...

La semana que se fue trajo consigo la buena nueva de que, aunque se trate de una formalidad, la Corte Suprema de Justicia abrió la puerta al tratamiento de la demanda que la Provincia de La Pampa presentó contra la Provincia de Mendoza por el corte del curso del río Atuel, y más específicamente por el incumplimiento del convenio firmado en su momento.

No otra cosa se esperaba en realidad del máximo organismo judicial, pero en el contexto del que se trata -en el que intervienen tantos aspectos- también es grato que no haya pasado más tiempo y que se haya exigido con un plazo puntual una respuesta mendocina a los planteos, al tiempo que se dio participación al Estado nacional en el asunto.

En cambio, la Corte evitó el que quizá sea el aspecto más importante que tenga que definir antes de atender a la cuestión específicamente de fondo: si el expediente que se inició con la intervención de la Provincia de La Pampa se unifica con el planteo formulado bastante tiempo antes por un ciudadano particular, el abogado Miguel Palazzani.

El oficialismo pampeano, como corresponde, celebró la decisión de la Corte y le dio amplia difusión, entendiendo que se trataba de una “buena noticia”, del mismo modo que en la provincia cuyana fue recepcionada como una “mala noticia”.

En realidad, no había demasiado plafón como para que la Corte resolviera otra cosa: los antecedentes en la materia y la firme posición del Ministerio Público volvían imposible una resolución en otro sentido.

En el elemental análisis de la decisión del máximo organismo del Poder Judicial se esconde otra evidencia: se caía de maduro que esa era la estrategia que La Pampa tenía que seguir, puesto que muchísimo antes de que el gobierno provincial se animara a formalizar la presentación tenía las de ganar en un conflicto en el que claramente sus derechos -y en realidad, los de los habitantes de La Pampa- están siendo pisoteados desde hace años con una absoluta impunidad.

Esto no quiere decir que resulte sencillo de obtener un resultado judicial que tienda a hacer justicia, puesto que es evidente que Mendoza tiene una mejor preparación histórica, que tiene una estrategia determinada y una cultura ciudadana dedicada a la defensa de sus ríos, contra una muy diferente postura pampeana, en la que resaltan cierta improvisión, quizá cierta carencia de profesionales y experos en la materia (el oficialismo acudió a un estudio de abogacía externo), unas cuantas dudas -el comportamiento del gobierno fue demostración de esa ambigüedad- y a veces un claro desconocimiento de asuntos de en la provincia cuyana están sabidos al dedillo de sólo trajinarlos.

A esa circunstancia se suma la inevitable influencia de aspectos políticos: una causa judicial nunca es exclusivamente una cuestión técnica que se defina de acuerdo a normativas previamente redactadas, sino que sus resultados son también la consecuencia de una serie de otros aspectos, relacionados con las relaciones de fuerza, las oportunidades y -no es ningún secreto- las capacidades de influencia que tengan los sectores en pugna.

...y una de arena

La sucesión de testimonios en el marco del Juicio Político al ministro de Obras Públicas Jorge Varela por el caso del Megaestadio, especialmente los que se escucharon esta semana, ya permite una conclusión básica, elemental, no judicial sino política: son todos culpables aquellos que intervinieron en la “construcción” de una obra que se suponía iba a ser la “niña mimada” de una gestión (la de Carlos Verna) y que 7 años después de la fecha programada para su inauguración sigue “dormida”.

Los relatos que han tenido lugar ante la Sala Acusadora demuestran antes que nada un insólito nivel de irresponsabilidad, que sólo es comparable al que el mito le atribuye a los gobiernos pampeanos de los últimos 30 años, pero que nunca habían quedado expuestos de semejante modo de manera institucional, sin que se entienda a estas alturas cuáles serán sus definitivas derivaciones.

El testimonio de la arquitecta Adriana Kuntz Aza reveló aspectos cuasi bizarros, no ya relacionados con los verdaderos desastres que se hicieron en la obra, sino con aspectos internos que incluyen concursos “truchos” y supuestos ocultamientos al entonces gobernador Carlos Verna por parte de funcionarios de tercera o cuarta línea.

Sus aseveraciones no traen buenos augurios: queda ahora la más firme sensación, con el agregado de cierto sustento técnico, de que el Megaestadio no podrá ser concluído, no sólo por los problemas que ya se evidenciaron en el techo, sino porque el terreno en el que fue montado -en cercanías de la laguna- requería de un especial tratamiento que fue salteado.

Resulta insólito que en las mismas semanas en que tiene lugar tan brutal exposición pública de la “locura” del Megaestadio -obra a la que otros involucrados han definido también como un desastre, un desmadre, un despropósito, etc- el senador Carlos Verna -autor intelectual de la idea de ese gimnasio para inaugurar en los Juegos de la Araucanía 2007- insista en un tono de candidato (pero cuidándose de no presentarse como tal) en jactarse de ser una suerte de estratega, o estadista, que tiene a su alrededor equipos, estudiosos y elaboradores de proyectos.

Verna no podría formular esa aseveración, sobre su propio accionar político, en un ámbito donde reinara cierta seriedad, porque tendría que dar muchísimas explicaciones no sólo respecto de la obra que él mismo ideó como su paso a la eternidad -que de algún modo lo es- sino respecto de otros emprendimientos que encaró su gobierno y que se demostraron por lo menos inconvenientes, fruto de la incompetencia o de cosas peores.

El gobierno actual, frente a esa situación que se patentiza, no puede hacerse el distraído ni sacarse responsabilidades de encima: INARCO, la empresa del Megaestadio, recibió también la bendición de Jorge, que la exhibió en su momento como una firma poco menos que ejemplo.

Es en ese terreno en el que el ministro Varela está jugando: nada indica que no tenga responsabilidades, porque tomó decisiones, respaldó a la firma, la mostró como eficiente y hasta propuso que el Estado le pagara mayores recursos.

Para la ciudadanía es bienvenido que se haya disparado la difusión de datos que antes se ocultaban bajo la alfombra, aunque al mismo tiempo resulta penoso que la administración pública y los jefes políticos sean capaces de incurrir en semejante nivel de despreocupación por los asuntos del bien común.

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