Son 50 millones de dólares para rutas provinciales, pero también para obras en municipios. Contempla detalles novedosos como la construcción de bicisendas. El proyecto original contemplaba U$S 40 millones, pero habida cuenta de que los fondos del Banco de Reconstrucción y Fomento -BIRF- estaban disponibles, se decidió incrementar el monto. La Cámara alta también pidió, por resolución, que la empresa Aguas de Corrientes informe sobre el nivel de inversión que, por contrato, está obligada a realizar.
De esta manera, y tras las reformas incorporadas al proyecto original el crédito vial se transformó en ley, la que contempla un amplio programa de obras viales con detalles novedosos para las rutas provinciales, como la construcción de bicisendas y arterias en distintos municipios que primeramente no estaban previstas en la iniciativa.
Estas obras que podría considerarse suplementarias serán posibles gracias a ese aumento de 10 millones de dólares que decidieron los legisladores al estar disponible los fondos para ese destino de parte de la entidad crediticia. Al ingresar a la Legislatura, el proyecto era de 40 millones de dólares, y partió de una decisión del Ejecutivo provincial.
SESIÓN DE TABLAS
En otro orden de cosas, y no de menor importancia, la Cámara alta solicitó a través de un proyecto de resolución, un informe pormenorizado del contrato que tiene el Ejecutivo con la empresa Aguas de Corrientes, relación contractual que debe ser revisada cada tres años y que el Ejecutivo autoriza o no por vía de un decreto, según informó el sitio sobretablas.com.
Los senadores dispusieron meter el dedo en una llaga, ya que en la parte resolutiva del texto que contó con el acompañamiento de la mayoría del cuerpo se solicita también se informe cual es el nivel de inversión que realiza la empresa prestataria del servicio de agua potable en obras de extensión de la red para garantizar el acceso de ese bien social a todos los habitantes de la provincia.
Asimismo se pretende conocer como se determina la modificación de la tarifa para el servicio, que según la última reforma de la constitución debiera realizarse vía audiencias públicas.
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