El Gobierno avanza en la edificación de la ciudad satélite, a pesar de los cuestionamientos que recaen sobre la licitación.
El 30% restante ($ 5.910.000) quedó pendiente de pago hasta el momento de la efectiva transferencia de dominio a favor del IPV con su efectiva inscripción en el Registro de la Propiedad del Inmueble.
El 1º de julio, el Tribunal de Cuentas le dio luz verde al expediente que había iniciado el Instituto Provincial de la Vivienda para la adquisición de terrenos en Capital. En el dictamen de adjudicación, la Administración del IPV había optado por la oferta que había sido presentada por el grupo mencionado por la suma de $ 19.700.000. En aquel momento el organismo de control decidió devolver el expediente al IPV para que continúe con la licitación que había quedado sujeta al control previo del organismo, antes de concretar la adjudicación.
El dictamen advirtió que existían “transgresiones u omisiones” en el acto licitatorio que quedaban bajo la responsabilidad de los funcionarios de turno. Es por eso que -según consta en el expediente-, López Rodríguez firmó una nota compromiso por la que se comprometió "a ejecutar la infraestructura básica y obras de nexos necesarias para la provisión de servicios a los complejos habitacionales que se construyan en el terreno". La nota compromiso no especifica cuál será el monto de la inversión que deberá realizar el Estado.
Apenas dos días después del dictamen del TC, se firmó el contrato de compra-venta del inmueble entre el IPV y la sociedad ganadora de la licitación.
El inmueble es de propiedad de los vendedores en las siguientes proporciones: Yucuco S.A. (42,5%), Comercial El Tala S.R.L. (42,5%), Antonio Guillermo Villafañe (10%) y Pablo Augusto Acevedo (5%), conforme surge de la escritura de venta.
La empresa vendedora se comprometió a otorgar la escritura traslativa de dominio en un plazo de 90 días a partir de la firma del acuerdo. Ese mismo día, la empresa vendedora entregó al IPV la posesión del inmueble.
Otra cláusula del acuerdo indica que la empresa se obliga a proveer y entregar al comprador “equipamiento que oportunamente se le indicará por el valor de $ 197 mil, en el plazo de 30 días posteriores a la fecha en que perciba el primer pago".
Como informó El Ancasti, el IPV ya avanza en el proyecto para la urbanización de la zona. En el proyecto, trabajan los equipos técnicos del organismo, como así también otras áreas del Gobierno provincial y municipal.
Mientras avanza el proyecto para la ciudad satélite, la Justicia tiene un planteo que fue iniciado por los concejales del FCS ante la sospecha de que hubo una supuesta violación de ordenanzas municipales vigentes.
13. 970.000
Es el monto que el IPV autorizó a pagar y corresponde al 70% del costo total de los terrenos. El 30% restante ($ 5.910.000) quedó pendiente de pago hasta que se concrete la transferencia.
Licitación polémica
El 15 de abril, el IPV emitió la resolución por la que adjudicó la licitación para la compra de terrenos.
El otro oferente, Gualberto Castillo, objetó el proceso. Consideró que el trámite de preadjudicación fue irregular porque se benefició a un grupo de empresas que ofreció un terreno más económico -con respecto al valor de las tierras-, pero que no tiene accesos, vías de comunicación ni servicios. En este sentido consideró que el Estado debería realizar inversiones millonarias sólo para beneficiar a un grupo empresario.
Castillo planteó un recurso de "reconsideración jerárquico en subsidio" en contra de la resolución. En mayo, el IPV rechazó el recurso presentado al argumentar que el trámite todavía estaba en el TC.
Sin embargo, la defensa de Castillo argumentó que no fueron notificados del dictamen que había emitido el IPV y, por lo tanto, no lograron ejercer el derecho de defensa. Recién el 16 de agosto fueron notificados de la resolución, cuando ya se había autorizado la adquisición de los terrenos.
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