El gobernador José Manuel de la Sota intentó responsabilizar al Gobierno nacional por los saqueos y los actos de violencia registrados en Córdoba, tras el autoacuartelamiento policial de anteanoche y esta madrugada, al acusar a la Casa Rosada de no haber enviado a la Gendarmería para colaborar con el control del vandalismo.

Alrededor del mediodía, en el Centro Cívico, el mandatario comunicó el acuerdo arribado con los policías en huelga, y aseguró que desde la Nación habían desoído el pedido de su gobierno. “Es como si los cordobeses tuviéramos que quemar nuestro DNI, porque pareciera que algunos no nos consideran parte de la República Argentina”, ironizó.

Con un discurso donde no esbozó ni un principio de autocrítica, el titular del Ejecutivo provincial se mostró ajeno a los acontecimientos, y agradeció la actuación de su gabiente, pese a que durante más de 30 horas los cordobeses vivieron saqueos, robos, violencia y descontrol de todo tipo. Anoche, en distintos programas de la televisión nacional, De la Sota dijo que no había dimensionado el cariz que tomarían los acontecimientos, pero insistió con su teoría sobre la responsabilidad de la Nación.

Sin embargo, el gobernador incurrió al menos en una contradicción al afirmar que su gente solicitó el envío de gendarmes durante la tarde-noche del martes, cuando la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, había afirmado exactamente lo contrario. En diálogo con radio Cadena3, a las 21.40 del martes, y cuando el mandatario aún no había regresado a la provincia proveniente de Colombia, la funcionaria aseguró que la Provincia no había solicitado la presencia de Gendarmería en la ciudad de Córdoba. “No hubo comunicación. Estamos evaluando la situación para ver si hay que llamar a Gendarmería”, dijo textualmente.

Ayer, la Gobernación exhibió una carta enviada por De la Sota vía fax al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, con un resumen de las llamadas que, según se dijo, realizaron los miembros de su Gabinete al propio Capitanich, a la ministra de Seguridad de la Nación, María Cecilia Rodríguez (quien recién asumió ayer por la tarde), con el secretario de Seguridad, Sergio Berni, y con el jefe de Casa Militar, Agustín Marcelo Rodríguez. Todas las llamadas, según dice la carta de De la Sota, fueron realizadas en la noche del martes en distintas horas. Pero la Nación lo desmintió.

“No hubo ningún llamado”

E jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aseguró “no recibió ningún llamado” del mandatario cordobés y resaltó que el conflicto en la Policía cordobesa obedece a una “cuestión estrictamente salarial que compete en forma exclusiva y excluyente al Gobierno de la Provincia de Córdoba”.

El senador oficialista Aníbal Fernández, también rechazó las acusaciones de De la Sota y dijo que el mediterráneo había solicitado la Gendarmería “vía Twitter” a las 4 de la mañana. “Es sumamente poco serio que un gobernador envíe un pedido de asistencia de gendarmería vía twitter, a las 4 de la mañana. Roza el ridículo”, escribió ayer Fernández en su cuenta. Capitanich, en tanto, sostuvo que el Estado nacional no puede “subrogar responsabilidades ajenas”.

“La cuestión es estrictamente salarial y compete en forma exclusiva y excluyente al Gobierno de la Provincia de Córdoba”, aseveró el jefe de ministros en declaraciones formuladas ayer desde el sector militar del aeroparque metropolitano Jorge Newbery, antes de partir hacia Paraguay. Exhortó a que “cada uno se haga cargo de su responsabilidad” porque “de acuerdo con la Constitución Nacional Argentina, el país adopta un sistema representativo, republicano y federal, es decir que existen autonomías de la provincias para el desenvolvimiento de determinado tipo de cuestiones básicas, esenciales e indelegables, y la seguridad pública es una de ellas”, planteó el funcionario.

Por otra parte, el jefe de Ministros aseguró que “las autoridades del Estado nacional van a ponerse en contacto con las de Córdoba para establecer un mecanismo de monitoreo y de cooperación” frente a la crisis en la Policía.