En la columna editorial de todos los lunes -La Arena Jorgista- un repaso sobre la interesante disertación destinada funcionarios judiciales y periodistas; y la decisión del TIP de que sea el STJ el encargado de analizar la causa que investiga el homicidio del pibe Cristian Azcona, a manos de Oscar Ichoust.
Una de cal...
La realización de un seminario que quedó casi exclusivamente en manos de un sociólogo experto en cuestiones comunicacionales, permitió que numerosos funcionarios del Poder Judicial dedicaran algunas horas de su tiempo a analizar una cuestión que es hoy elemental -como nunca antes- en la tarea que realizan: la relación que tienen con el periodismo y con la ciudadanía, para intentar informarse, pero también comprenderse mutuamente.
Quienes quieran sacarle provecho a la charla de Kevin Lehmann, a las intervenciones de algunos de los participantes en el encuentro y sobre todo a la posibilidad de mirarse al espejo, tienen en este tipo de capacitaciones la chance de mejorarse en sus actividades y de ese modo aportar a un crecimiento del sistema del que forman parte.
En cambio, también existe la opción retrógrada y conservadora de seguir interpretando que los funcionarios judiciales no se equivocan, que los jueces sólo deben hablar por sus sentencias sin dar más explicaciones y que en todo caso los demás (políticos, abogados, periodistas, acusados, querellantes y ciudadanos en general) son ignorantes o malintencionados.
Durante el encuentro en el Centro Judicial, esas dos posiciones quedaron en evidencia, en un contexto en el que nadie duda de la complejidad de los asuntos de que se trata, y en el que es evidente que hay semejante multiplicidad de actores y de circunstancias que nada puede darse por válido para todos los casos.
Por otra parte, es necesario que -así como sería deseable que no haya ciudadanos que le teman al Poder Judicial- los operadores judiciales pierdan el miedo a la prensa, o incluso a la comunidad, pese a que es innegable la existencia de episodios de manipulación periodística, de desconocimiento de normas fundamentales o incluso de reacciones furiosas sin ningún tipo de justificación.
No es ningún secreto que el Poder Judicial es el menos democrático de los poderes: sus integrantes no son electos por el voto del pueblo y tienen privilegios institucionales de los que gozan de manera muy exclusiva, muchas veces respondiendo a determinadas características que transforman a sus miembros en una suerte de corporación, a veces llamadas casta o “familia judicial”.
Esa sola referencia obliga a los miembros del Poder Judicial a hacer el esfuerzo de la autocrítica, del mismo modo que pone en valor la organización de este tipo de encuentros por parte del Centro de Capacitación Judicial, el Colegio de Magistrados y el Ministerio Público.
Al mismo tiempo, es necesario que estos perfeccionamientos, autocríticas y debates se extiendan en el tiempo y en las problemáticas, incluso que las máximas autoridades participen y estimulen a los propios empleados a que intervengan en las variadas actividades que propicia el Centro de Capacitación Judicial, muchas veces sin tanta visibilidad pública como interés real para la práctica cotidiana.
El encuentro del jueves fue un paso adelante si de veras la intención de quienes forman parte del Poder Judicial pampeano es comunicarse mejor con la sociedad y dejar de lado cierta imagen de “nos las sabemos todas”, que flaco favor les hace a los propios integrantes.
En ese sentido, una recomendación del experto es central, al menos en la relación con el periodismo: si los funcionarios judiciales, que conocen la causa a fondo, no brindan información, le abren la puerta no sólo a las versiones de otros actores de ese hecho, sino también a los rumores y a lo que bien definió como “la fantasía” de la propia ciudadanía.
...y una de arena
Finalmente el Superior Tribunal de Justicia tendrá que analizar la causa que investiga el homicidio del pibe Cristian Azcona, a manos de Oscar Ichoust, ya que se hizo lugar a un recurso de Casación para que el máximo organismo judicial analice la última decisión respecto de este tema, que fue adoptada por el Tribunal de Impugnación Penal.
La novedad hizo que volvieran a escucharse argumentos que justifican el violento accionar del acusado, que propician la utilización de armas para repeler algún “ataque” o visita nocturna y que -como ocurre en tantos episodios desde hace largos años- le restan interés a la vida humana, poniendo incluso por encima de ella cualquier valor material.
La teoría más replicada mediáticamente -bondades de un oligopolio- es la que supone que los funcionarios judiciales debieran encajonarse en el artículo 34 del Código Penal (el mismo que justifica la “obediencia debida”), que entre los hechos y personas “no punibles” señala textualmente a quienes “durante la noche rechazare el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de su casa, o departamento habitado o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor”.
En afán de justificar la mal llamada “justicia por mano propia”, que en realidad es venganza, esa mirada considera como un mero “daño” -esa es la palabra utilizada por el Código Penal- el hecho de causar la muerte de un pibe.
La causa judicial llegó a esta instancia porque los jueces de la Cámara del Crimen 1 que condenaron a Ichoust -con una pena tan leve que le permitió quedar en libertad- se contradijeron a sí mismos: por un lado justificaron al agresor interpretando que se había excedido en una legítima defensa (lo cual supone que exista dolo), pero por otro lo condenaron por homicidio culposo.
No hay lugar a dobles lecturas: hay dolo o hay culpa.
Más allá de ese detalle, el caso pone a la sociedad frente a una discusión central respecto de cuáles son los valores que deben priorizarse, cuáles son aquellas cosas a las que realmente pueden considerarse saludables y cuáles las que resultan miserias: el solo hecho de que haya sectores de la comunidad que justifiquen la violencia como modo de resolución de los conflictos es un pesar, y a veces parace incluso más grave que haya micrófonos a disposición de formadores de opinión que incitan a ese modo de “justicia”.
Los fallos judiciales intentan no solo el famoso “dar a cada quien lo que merece”, sino que en sí mismos son políticos: trascienden -sobre todo en casos de interés público, como éste- la causa puntual, generan efectos, marcan una línea, sirven de ejemplo, a veces marcan un límite, resultan un faro o por lo menos un espejo donde mirarse.
Muy mal está una sociedad, o tiene demasiados rincones que viven en la podredumbre, si la muerte de un pibe -sea quien sea, sea como sea- en lugar de causar pena y dolor, genera un eufórica defensa de la venganza y sirve para plantear, a los gritos, que hay que armarse en defensa de los muchachos pobres y negritos que están dispuestos a robar un pájaro.

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