Sí, ausente y con aviso. Porque a esta altura nadie espera demasiado de instituciones estatales que no funcionan de ninguna manera. Si bien no es fácil garantizar la eficiencia, es obvio que quienes cobran sueldos para representar a la sociedad y planificar una gestión del Estado deben, definitivamente, saber cómo hacerlo.

Hace pocos días -como cada año-, el gobernador Daniel Scioli estrenó traje para inaugurar en la ciudad de Mar del Plata el Operativo Sol. Impresionante puesta en estrena con coches y cuatriciclos, más camisetas nuevas para los muchachos que recorren las playas vestidos con los mismos colores que utiliza Telefónica, vaya casualidad.

Pero lo cierto es que, tal como sucede con la escenografía del circo, a los pocos minutos desmontaron todo y se llevaron los mismos vehículos para inaugurar el Sol en Pinamar. Para completar el cuento, el Gobernador tuvo aquí la poco feliz ocurrencia de decir que habría “tolerancia cero” para el delito. Curiosamente, parece que nadie más se enteró. El delito sigue bailando de contento gracias a los funcionarios policiales y civiles que no hacen, o no ven. A los jueces que firman sin leer. Y sobre todo, gracias a los empleados de Minoridad, que creen que viven en una película donde los adolescentes son todos iguales, y confunden su frase muletilla “sujeto de derecho” con la que han acuñado sin saberlo: “sujeto con derecho ilimitado a la impunidad”. Ellos son los que le hacen decir a la ley lo que la ley en verdad no dice. Porque no hay ley que diga que cada uno mata a quien quiere: lo dicen sin hablar los jueces y demás funcionarios que no quieren levantarse del sillón ni para ver si llueve.

El mismo 31 de enero se dio el puntapié inicial para despertar a la ciudadanía con baldazos de agua fría. Un hombre del barrio Bernardino Rivadavia de esta ciudad mató a golpes a su pequeño hijo de 5 años. El asesino se llama Iván Ojeda, tiene 28 años y, cuando escuchó que llegaba la policía, se escondió debajo de la cama.

Los vecinos lo querían linchar, hecho más comprensible que el crimen del hijo, sin duda. Y querían hacerlo porque en numerosas oportunidades anteriores habían hecho las cosas bien: habían denunciado al 911 y a Minoridad. Incluso habían visto la camioneta de la institución buscando a la familia en la cuadra. Pero nadie había hecho nada, nada de nada. En la autopsia, el forense pudo identificar que el pequeño tenía lesiones en el cuerpo que le habían causado la muerte, pero además tenía cicatrices de heridas anteriores. Los vecinos dicen que el padre lo quemaba.

Seguramente un par de empleados de alguno de los estamentos dedicados a la protección de los derechos del niño habrá venido a decir que no hay que estigmatizar la pobreza, que la peor familia es mejor que el mejor de los hogares sustitutos, y diversos clichés similares que se escuchan a diario, con la permanente sensación de que nadie quiere intervenir en más o menos nada. Ahora, ante el pequeño cadáver, alguno dirá ¡ups! ¿Y el Estado? Ausente con aviso.

Ni la hora

Una oyente de la 99.9 se dirigió a este medio para denunciar que en el barrio de Mariani y 180 hay un extenso predio arbolado con pastizales altísimos. Ocupa algo así como cinco manzanas, por lo que varios vecinos solicitaron que fuera desmalezado e iluminado. Pero al Estado municipal no le importó, y sólo puso luces en la calle. El monte quedó aún más oscuro. Parece que en Catastro saben perfectamente quién es el dueño, que podría llamarse Necci, y sería de Buenos Aires. Ni la hora les dieron a los denunciantes durante cinco años.

El mismo 31 de diciembre, una joven de 25 años fue interceptada en esa parada de colectivo por cinco hombres que la redujeron, la llevaron a ese pastizal y la violaron. Sí, los tres. Sin embargo, los empleados municipales aún esperan que les firmen el expediente porque pusieron focos en la calle. Ausentes con aviso.

Por supuesto que el brindis que despidió al 2010 trajo estas historias de ausencia y dolor, más otra, la más resonante de las tres. Se tata de la muerte de Gabriel Ceferino Franco, un fotógrafo de La Plata que había alquilado una casa en Miramar junto con tres amigos para pasar unas cortas vacaciones y la fiesta de fin de año. Juntos estaban en el barrio de Copacabana; cenaban en el porche de la vivienda a causa de las altas temperaturas, cuando fueron sorprendidos por cuatro hombres que llegaron a bordo de un Peugeot 206 que -luego se supo- era robado.

Todos tenían las caras semicubiertas y exigieron que les fueran entregados todos los elementos de valor, a lo que las víctimas accedieron inmediatamente. Sin embargo, y sin que mediara ninguna razón, uno de los asaltantes fusiló a Franco desde una distancia de cincuenta centímetros, con un disparo en la nunca que lo mató de forma casi instantánea.

La investigación está a cargo del fiscal Rodolfo Moure del Tribunal Nº 3, que ante los micrófonos de la 99.9 afirmó: “De nada sirve que intervenga la fiscalía después del hecho. Lo que pide la sociedad es más prevención. Necesitamos funcionarios policiales en la calle. Y en Miramar, la policía no alcanza”.

Esa noche hubo en la ciudad dos asaltos más en casas particulares, y uno incluyó el robo del coche. Según Moure, las características se repiten: “en los escruches nunca hay testigos ni huellas aptas para el cotejo. Es muy difícil hacer avanzar la investigación e identificar a los culpables”.

Los muchachos

Lo cierto es que por este robo hay un detenido de 20 años, Matías Galván, que reconoció su participación en el hecho, pero negó haber sido el autor del disparo homicida. Es miembro de una familia de delincuentes condenados: “están todos presos“, dijo el fiscal.

Galván declaró que quien había matado al fotógrafo era otro asaltante, de sólo 17 años, y dueño de un frondoso prontuario criminal. El señalado habría participado ya del resonado asalto al médico Yerbasky, en aquella ciudad, y a raíz de ese hecho, puesto en arresto domiciliario por la jueza de garantías del fuero penal juvenil, María Fernanda Di Clemente. La magistrada, ex socia del estudio de César Sivo, no tuvo en cuenta que el menor vive en una zona casi rural, y que por lo tanto está en condiciones privilegiadas para tomar parte de cualquier robo mientas lo creían virtualmente detenido. El joven forma parte además de la misma familia que Víctor Orlando Villalobos, violento delincuente que fuera condenado por el Tribunal Nº 3 por el delito de torturas en un fallo recordado.

Pero nadie hace nada. Y lo peor es que lo reconocen. El jefe de la distrital reconoció que había llamados que alertaban sobre que Ojeda maltrataba a su hijo. Los municipales reconocen que existe un expediente que pide que se ilumine la boca de lobo de cinco manzanas que padecen los vecinos de la calle Mariani. Y obviamente, cualquier funcionario de la provincia acepta y reconoce que el operativo Sol incluye lindas fotos de los cuatriciclos, pero poco personal entrenado para la prevención del delito en serio. Sólo aporta algún pibe en camiseta que camina las playas para asustar a los carteristas.

Con eso no alcanza. Los delincuentes mayores, los capaces de fusilar a una distancia de cincuenta centímetros, no se amedrentan con ver pasar una guardia vistosa.

Quizá el punto sea intervenir en la formación de los aspirantes a policías, para que su entrenamiento incluya elementos de prevención que parecen no tener. Quizá haya que poner las mentes más capaces del país a resolver la cuestión. Pero duele saber que un puñado de delincuentes violentos -sin ninguna ayuda extraterrestre- tiene en jaque a una provincia completa, que ya no tiene habitantes sino sobrevivientes. Y el Estado, mientras todo esto sucede, vive y persiste, ausente con aviso.