Bajo el argumento de recuperar la facultad constitucional de fijar la remuneración de la Gobernación, la Legislatura dispuso en la práctica un aumento en las retribuciones que perciben los funcionarios electos y designados del Poder Ejecutivo, Legislativo y organismos autárquicos y descentralizados.

La medida se concretó mediante la sanción de una ley por la cual se derogó el artículo 21 de la ley de presupuesto 2010, en el que se había establecido que la remuneración de la mandataria sería “equivalente a 7 veces el total de escala de la categoría en la que revistan la mayor cantidad de agentes del Escalafón Seco de la Administración Central”. En función de ello, el salario de Fabiana Ríos se ubicó en 19.887 pesos.

Pero desde ayer se modificó la base de cálculo para fijar esa remuneración, y se adoptó para ello el salario de escala de la categoría 10 del escalafón legislativo, que asciende a los 3500 pesos al mes. Este nuevo mecanismo se aplicará a partir del 1 de enero de 2011, lo que implicará que el sueldo de la Gobernadora ascienda a los 24.500 pesos.

Como la remuneración de los Legisladores equivale al 90% de la que percibe Ríos, la dieta de los parlamentarios pasará de 17.900 pesos a 22.000 pesos.

Este incremento se trasladará a todos los integrantes del gabinete provincial cuyas remuneraciones están referenciadas a un porcentual de la retribución de la Gobernadora.

Esta ley resultó aprobada por 11 votos, entre los que se contó el del oficialista Fabio Marinello –en la práctica vicegobernador de la provincia–. Ello hace presuponer que el Ejecutivo dio su consentimiento para la sanción de esta iniciativa por lo que no la vetaría.

El debate en torno al tema generó duros cruces entre los legisladores del bloque del ex ARI, que calificaron de inmoral la iniciativa, e integrantes de las restantes bancadas que defendían el proyecto.

Sin ley de expropiación

En un poco claro, y por demás tortuoso, trámite legislativo se mandó a archivo un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que impulsaba la expropiación de tierras en la margen sur de Río Grande, para dar solución habitacional a quienes actualmente las ocupan de manera irregular.

La iniciativa había sido remitida bajo la figura de “trámite de urgencia”, lo que obligaba al Parlamento a tratarlo dentro del plazo de 30 días para que no quedara aprobada de hecho. Para evitar esa posibilidad, la Cámara debía dejar sin efecto esa modalidad de tramitación especial.

La controversia tuvo origen en la dispar interpretación que tenían los legisladores de las distintas bancadas del procedimiento que debía seguir al efecto. Mientras que desde el ex ARI, PSP y UCT se sostenía que para lograr ese objetivo indefectiblemente se debía aprobar una resolución, desde el MPF, FPV, MO y UCR se consideraba que alcanzaba con mocionar sobre tablas quitar ese trámite preferencial.

Más de una hora se estuvo discutiendo esta cuestión instrumental que se terminó resolviendo, no de la manera más adecuada, por la simple imposición de la fuerza de los votos. Claro que en medio hubo fuertes cruces, acusaciones y algún que otro epíteto, que dejaron al descubierto cuán parecidos son oficialistas, oficialistas disidentes y opositores cuando pretenden imponer a como dé lugar su voluntad.

Mientras unos forzaron, hasta más allá de lo recomendable, la interpretación del reglamento de Cámara, los otros reclamaban el más estricto apego a las normas. Claro que sin reparar en que el proyecto en cuestión incumplía el artículo 67 de la Constitución.