Los últimos meses del 2015 traen nuevamente la intriga de qué ocurrirá con las tarifas de los servicios básicos: si los consumos se facturarán con subas antes o después del cambio de gestión.

Mientras la transición continúa su ríspido curso, los planteos de la oposición ante las deudas que tiene la Provincia y las moratorias que lanzó la Administración Tributaria Mendoza (ATM), la atención se centra en si será Alfredo Cornejo quien tenga que afrontar el malestar que provoca un aumento en los servicios, o el bolsillo de los mendocinos se verá afectado antes de fin de año.

Pero aunque la luz y el agua tienen una regulación provincial, el caso del gas presenta una mayor complejidad: no sólo depende de un ente nacional, sino que enfrenta una cautelar que impide el aumento de la tarifa hasta el 31 de agosto, mientras que la ONG de derechos al consumidor Protectora busca una prórroga para la suba.

Luz: se define después del 31 de diciembre

En el caso de la electricidad, el ministro de Energía, Marcos Zandomeni, aseguró que el turno de modificar la tarifa le tocará al nuevo gobierno. "La tarifa no puede ser modificada hasta el 31 de diciembre, mientras, trabajamos con el EPRE para dar transparencia a los costos que se han reflejado en las facturas", indicó.

El funcionario defendió la medida aduciendo que se está "cumpliendo con la ley y transparentando cómo han sido los costos de la empresa monopólica que maneja el mercado". Además, adelantó que durante la transición se dejará una audiencia pública "para que se tengan las herramientas legales que permitan tomar una decisión sobre este tema en la próxima gestión".

A principios de año, el gobernador Francisco Pérez adhirió al acuerdo del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, para lograr un congelamiento tarifario durante el 2015.

Pérez firmó con De Vido su adhesión a la nueva versión 2015 del programa de congelamiento tarifario para recibir fondos destinados a infraestructura, pero luego fijó la suba a partir de enero del 2016, debido a la presión de las empresas eléctricas.

No habría aumento de agua por el momento

En el caso del agua, el titular de Aysam, Guillermo Amstutz, aseguró que no se tiene evaluado un incremento en el servicio."Estimo que no se produzca este año, son decisiones que le van a competer al próximo gobierno, es un tema que debe evaluarse con las autoridades que asuman", dijo.

Respecto a esto, aclaró que "el sostenimiento se conforma de tarifa y subsidio, son decisiones que deben coordinarse con ellos", en referencia al gestión que asumirá en diciembre.

Aún así, aclaró que la forma en que sube la luz y el gas son situaciones diferentes a las de Aysam. "El agua tiene su propio regulador y no hay nada que prohiba subirla o no". Sin embargo, no es un proceso que se realice a la ligera: "hay que definir los costos y en función de eso establecer la solicitud, que el EPAS recibe para decidir si hay un aumento de tarifa o no", detalló el funcionario.

"La suba de gas es ilegal"

Mientras el agua y la luz mantiene las expectativas sobre la suba hasta el año que viene, el caso del gas presenta mayor complejidad, sobre todo porque ya ha comenzado a afectar el bolsillo de los mendocinos. Ante esto, el representante de Protectora, José Ramón, señaló que Ecogás actua en forma ilegal al aumentar la tarifa.

Es que los valores se deben mantener congelados hasta el lunes 31 de agosto, debido a un amparo que admitió la titular del Juzgado Federal Nº2 Olga Arrabal. Aún así, desde la empresa modificaron la tarifa del gas, teniendo en cuenta la proximidad en la que se vence la prórroga.

"Están pasando por encima del juicio que les impide subir el precio, aprovechando el momento entre el vencimiento de la prórroga y la solicitud de una nueva, que ya hemos enviado", detalló Ramón.

Desde Protectora, el debate se centra en lograr que Energas otorgue información al usuario para saber que a partir del próximo año la tarifa va a aumentar, para que puedan prepararse adecuadamente "y no se encuentren de pronto con la suba".

Además, se busca que se proceda a una audiencia pública, para que la empresa muestre costos y brinde transparencia sobre los números que conforman la tarifa. "Que de una vez por todas muestren cuánto cuesta cada proceso que se termina reflejando en la factura", resumió Ramón.

Finalmente, se intenta que el cuadro tarifario que se aplique sea correspondiente a Mendoza, y no uno generalizado, que se utiliza indiscriminadamente entre provincias. "Queremos que el gobernador, sea quien sea el que ostente el cargo, abarque este problema porque termina repercutiendo en la salud de los mendocinos: mientras la tarifa aumenta, la gente debe ahorrar más el consumo y esto se traduce en enfermedades relacionadas con el frío", sentenció el abogado.