El juez Ariel Lijo, sobre la base de una auditoría interna de la empresa Siemens, podría imputar a Carlos Menem, Carlos Corach, Hugo Franco y a los titulares del Grupo Macri como parte de una organización criminal –en términos argentinos sería una asociación ilícita– que armó licitaciones amañadas, cobró coimas, simuló compras y ventas de empresas y cometió distintos fraudes en el marco de un total de 4283 operaciones ilegales realizadas por Siemens en todo el mundo. El viernes Lijo pidió, a través de una cédula judicial dirigida a la filial argentina de la empresa alemana, el texto de la auditoría interna realizada por la empresa Debevoise & Plimpton. En ese estudio figuran en forma detallada los pagos realizados a través de cuentas en Uruguay, China, Bahamas y Dubai, y de facturas falsas en Estados Unidos, de las coimas al ex presidente, al ex ministro y al ex director de Migraciones, así como la maniobra de una asociación clandestina entre Siemens y el Grupo Macri para manipular, de hecho, la licitación de los DNI argentinos. No quedarían fuera de la acusación el ex ministro del Interior radical, Federico Storani, y su antecesor, el fallecido Ramón Mestre, quienes –según la imputación– habrían recibido coimas para intentar reflotar el contrato por 1200 millones de dólares, que finalmente se cayó –siempre de acuerdo a lo que creen en el juzgado– por presión norteamericana a través del también ex ministro Nicolás Gallo.

La cédula dirigida a Siemens Argentina deberá ser respondida la semana próxima. Por supuesto que la filial local de la empresa alemana podría alegar que no tiene el documento de Debevoise & Plimpton, pero es casi seguro que Lijo conseguirá el texto por alguno de los otros dos caminos que le quedan: el juicio que lleva adelante la SEC (sigla en inglés de la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos) y el proceso judicial que se desarrolla en Munich, ciudad a la que viajará el magistrado en abril próximo. Sucede que los principales avances en la investigación de las conductas corruptas de Siemens se produjeron en Estados Unidos y Alemania, incluyendo confesiones de los directivos alemanes y la auditoría interna de la que salieron buena parte de las evidencias.

En Munich y ahora también en Washington concluyeron que se pagaron coimas a Menem, Corach y Franco, aunque sólo en el escrito de Debevoise & Plimpton figura la ruta del dinero, clave para la causa que lleva adelante Lijo. En la acusación de la SEC dice taxativamente que, entre 1998 y 2004, Siemens pagó más de 40 millones en coimas y, a través de un consultor, “2,6 millones de dólares fueron transferidos al presidente de la Argentina, al ministro del Interior y al director de Migraciones con el objetivo de conseguir el contrato. Durante ese período, los directivos de Siemens prometieron pagos por otros 30 millones de dólares al presidente y sus colaboradores”.

También hay un párrafo en la acusación norteamericana en la que se menciona a funcionarios radicales: “A fines de 1999, el presidente de Argentina terminó su mandato, cuando el partido de gobierno perdió las elecciones. La nueva administración amenazó con terminar el contrato sobre la base de que había evidencias de fraude. En un esfuerzo por evitar la caída del contrato, Siemens pagó seis millones adicionales de coimas a hombres de la nueva administración”. En un tramo posterior se refiere tácitamente a Storani como “un ex ministro del Interior, actual integrante del Congreso”. Ya en la investigación de Munich se señalaron pagos a “‘CC’ por 9,7 millones de dólares; ‘HF’ 9,7 millones de dólares; ‘CS’ 7,5 millones de dólares y ‘CM’ 16 millones de dólares”. Como parece obvio, “CC” es Carlos Corach, “HF”, Hugo Franco, “CM”, Carlos Menem. La sigla “CS” se corresponde a Carlos Sergi, el gran operador de Siemens en la Argentina.

El punto clave es que ni la SEC norteamericana ni los textos que se conocen del proceso en Munich detallan la ruta del dinero. Hay referencias generales. La SEC dice, por ejemplo, que la plata de las coimas se giró como si fueran fondos de un proyecto en China de Siemens de Estados Unidos y a través de pagos por trabajos de consultoría, también en EE.UU. que nunca se hicieron. En el juzgado hay evidencias de giros a través de cuentas en Uruguay, Bahamas, Dubai y China, pero todavía no hay detalles precisos, los que constarían en la auditoría de Debevoise & Plimpton.

Según creen en el juzgado, la inmensa licitación de los DNI estaba diseñada para que la ganara Alfredo Yabrán, que en ese momento estaba aliado al Grupo Macri a través de la empresa que presentó la oferta, Itrón S.A. Los otros competidores eran la israelí UTE Iviza-TTI S.A y Siemens IT, una empresa armada especialmente por la compañía alemana.

Tras la conmoción por el asesinato de José Luis Cabezas, la licitación que ya había sido ganada por Itrón fue prácticamente anulada, se desplazó al consejo de expertos que se había pronunciado y se la adjudicó a Siemens. Lo asombroso es que Siemens compró Itrón, una empresa inexistente, que no tenía ningún bien, por 30 millones de pesos. Todo demostraría que se trató de una maniobra: Siemens y Macri pactaron en secreto que la licitación fuera para los alemanes. La demostración de esa jugada sería que no bien Siemens ganó la licitación, sacó a la empresa Mailfast que iba a distribuir los DNI –parte clave del negocio– y puso en su lugar a Correo Argentino, del Grupo Macri. Quienes manejan el expediente razonan: “Siemens no se asocia en ningún lado con ninguna empresa. Es altamente sospechoso que lo haya hecho aquí con el Grupo Macri, comprando Itrón por tanto dinero y luego metiendo a la empresa de los Macri como uno de los proveedores fundamentales del proyecto. La auditoría de Debevoise & Plimpton probablemente tenga más detalles de esa operatoria”.

En EE.UU. Siemens acaba de declararse culpable de, entre otras cosas, conspiración en la Argentina, alterar los libros de contabilidad y los registros para tapar el pago de coimas. En Estados Unidos, el cargo de conspiración requiere de la participación de dos o más personas y todo indica que la traducción para la Justicia argentina sería asociación ilícita dedicada, entre otras cosas, a la administración fraudulenta, falsear información, amañar licitaciones y una enorme serie de delitos.

Pero así como en EE.UU. se tomó en cuenta que Siemens encabezó una organización criminal internacional que actuó en distintos países y a través de consultorías, cuentas, empresas fantasma y otros trucos, también la Justicia argentina puede encarar el caso de la misma manera: quienes participaron aquí formaron parte de una organización criminal internacional. Esto incluiría a los directivos de Siemens, a su principal operador, Carlos Sergi, a los funcionarios que cobraron las coimas –Menem, Corach, Franco y los que aparezcan en la auditoría–, a las cabezas del Grupo Macri, si se puede probar que formaron parte de la maniobra, e incluso a los políticos radicales –incluyendo a Storani– que figuren en el texto de Debevoise & Plimpton.