El informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) puso cifras a los desequilibrios de la gestión de Francisco Pérez y ayer comenzaron los movimientos en la Fiscalía de Estado, tras el pedido del gobernador, Alfredo Cornejo, para que se evalúe si hay motivos para hacer denuncias judiciales contra ex funcionarios. 

Durante la mañana, el fiscal Fernando Simón, de militancia justicialista, se reunió con un grupo de abogados para librar oficios (pedidos de informe) a los distintos organismos cuestionados por la AGN. Mientras que en el otro organismo extrapoder, Tribunal de Cuentas, la feria judicial hizo que nadie saliera a hablar.

El “balance” de la AGN también  planteó un panorama complicado en los municipios. En principio, Guaymallén, Las Heras, Malargüe y Alvear, comunas que pasaron de manos justicialistas a radicales, también pidieron que la lupa del órgano de control externo, dependiente del Congreso nacional, analice las cuentas municipales. Los resultados, a escala, repitieron la lógica que se presentó a nivel provincial: deudas que comprometen las gestiones actuales e irregularidades en la designación de personal.

El lunes, el Gobierno provincial, con números en mano, dio a conocer un informe sobre la auditoría de corte y de transferencia que comenzó a realizar la AGN el 10 de diciembre. Desde aquel momento, y durante algunos días, el organismo de control se abocó a radiografiar el estado de las cuentas en el día uno de la gestión de Cornejo y, a su vez, examinó el estado de transferencia de Nación a Provincia y a los municipios.

Las conclusiones confirmaron lo que tanto Cornejo como los intendentes interesados en la auditoría denunciaban en campaña. En Mendoza, el detalle de la deuda arroja un total de $ 16.500 millones, una cifra más alta de lo que el radicalismo calculó en los pedidos de endeudamiento. 

A su vez, se espera que en estos días, tal como lo prometió Cornejo, salga un decreto que defina la situación de la gran cantidad de nombramientos que se conocieron en los últimos seis meses del año pasado. 

Primer paso

Al tiempo que la vicegobernadora, Laura Montero, presentaba el lunes el informe ante los medios de comunicación, una copia del mismo llegaba al despacho de Simón. La intención del Gobierno es que sea Fiscalía de Estado la que, “con sobrados argumentos y antecedentes” vaya a la Justicia o inicie los sumarios administrativos.

El tema es que la auditoría presentada no es la definitiva, sino que es un borrador o proyecto que no tiene firmas ni sustenta datos formales, más allá de lo que los funcionarios dijeron a los auditores, en los primeros días de diciembre. Es por eso que, según contaron en este órgano extrapoder, no hay pruebas concretas para iniciar una denuncia ante la Justicia.

Ante esto, a partir de hoy, comenzará a correr un plazo de 5 días hábiles durante los que los distintos organismos cuestionados deberán presentar la documentación del manejo contable, financiero y de personal, tal como las intimó Simón. Estas reparticiones en la mira son la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), el Instituto Provincial de Juegos y Casinos y el Iscamen. 

“El objetivo es confirmar y ampliar los datos obrantes en el borrador e identificar las piezas administrativas que puedan dar lugar a las posibles investigaciones administrativas que de ellos resulten”, comunicaron desde la Fiscalía de Estado. A su vez, le pedirán a la Tesorería General de la Provincia y al Ministerio de Hacienda que informe sobre la sospecha de que el gobierno anterior habría retenido aportes a la obra social y otros organismos, que nunca llegaron a destino. 

En cuanto a los decretos que nombraron personal en los últimos seis meses de gestión, el informe de la AGN servirá como prueba en las investigaciones que se están realizando y que están en manos del fiscal Santiago Garay.

En el  Ejecutivo señalaron que el informe tiene tal crudeza, que cuando Cornejo se lo mostró a los seis intendentes justicialistas la semana pasada, en la la reunión para acordar Avalúo, Impositiva y Presupuesto, los caciques no dudaron en apoyar al gobierno provincial en las leyes financieras para este año.