Los asambleistas, provenientes de distritos alvearenses y sanrafaelinos comenzaron el corte a partir de las 11 y, si bien no precisaron lapsos, avisaron que la modalidad era intermitente. Estuvieron hasta las 15 repartiendo folletos a los automovilistas hasta que finalmente decidieron levantar la protesta.

Álvarez habló de la necesidad de entregar agua del río Atuel a La Pampa en base a una resolución de la Corte Suprema. "Si nosotros no respetamos sus derechos, no podemos reclamar por los nuestros", destacó.

El funcionario quiere largar agua ahora a La Pampa por una necesidad: requiere del Gobierno pampeano una autorización, a través del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, autorización del trasvase de agua desde el río Grande al Atuel.

Sin embargo, en Alvear dijeron que el funcionario omitió parte importante de esa sentencia. Los productores alvearenses destacaron al diario MDZol que la resolución judicial establece que antes de entregar agua a La Pampa se deben irrigar unas 75 mil hectáreas de cultivos en el sur, y actualmente el agua llegaría apenas a 45 mil. Además, destacaron que la falta de agua ya afectó a los cultivos.

En rigor, los regantes no dicen toda la verdad: la administración cuyana está incumpliendo con el fallo de la Corte de 1987 porque no se está garantizando un mínimo caudal para La Pampa.

En nuestra provincia ya se han producido este año tres cortes de ruta, en reclamo para que Mendoza largue agua.

El corte del Atuel viene desde fines de los '40, con las obras de Los Nihuiles. Esto ha provocado la desertificación de un vasto sector del Oeste pampeano. Solamente hay sueltas de agua esporádicas.

En el 2008, los gobernadores Oscar Jorge y Celso Jaque firmaron, junto a la presidenta Cristina Fernández, un convenio que establece un caudal mínimo para La Pampa y una serie de obras en el sur mendocino. Ese convenio está frenado. Y en los últimos meses, se reiniciaron las conversaciones entre ambas provincias.

Con las obras de impermeabilización y la tecnificación del riego, contempladas en el Convenio del Atuel, se podrían recuperar entre 3 m3/s y 6 m3/s, según los propios cálculos de las autoridades mendocinas.

En tanto, durante el 2011 se presentó otra denuncia. La causa judicial se tramita en la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte. Es el expediente número 732/2010 y está caratulado con el nombre de "Palazzani, Miguel Angel contra Mendoza, provincia de y otro sobre amparo ambiental". Actualmente el recurso presentado por el abogado pampeano tiene dictamen favorable del procurador general y ya tiene curso dentro de la Corte Suprema.

La Universidad Nacional de La Pampa estableció un caudal mínimo fluvioecológico de 4,5 m3/s. Y en ciertos momentos del año, a 1,5 m3/s.

Recientemente, además, la UNLPam estableció las pérdidas económicas generadas por el corte.

Por su parte, el Gobierno pampeano le solicitó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que incluya en su agenda la problemática por el corte del río Atuel y, particularmente, el desplazamiento forzado de los pobladores del Oeste pampeano. Este reclamo se originó a partir de un documento realizado por el exlegislador provincial Juan Carlos Scovenna (Coalición Cívica).